La crisis sanitaria que vive el país por la pandemia del coronavirus ha generado varios problemas en el ámbito de la educación. A padres de familia que quieren trasladar a sus hijos de un colegio particular a uno fiscal o simplemente los tienen que matricular en el mismo establecimiento tienen dificultades, debido a que tienen valores pendientes por pagar.

Por ello no les han entregado los documentos respectivos para que puedan legalizar la matrícula en otro plantel. Esto ha ocasionado que los alumnos estén prácticamente dos semanas sin clases.

Este es el caso de Carlos Villamar, padre de Alicia, de 9 años. Él está sin empleo y por eso optó por cambiar a su hija a un colegio fiscal, pero hasta el momento no ha podido legalizar la matrícula debido a que tiene valores pendientes con la institución educativa anterior.

“Tengo un monto ahí pendiente y por eso no me han podido devolver los papeles, estoy tratando de conseguir los medios para pagar, porque sin dinero no se hace ningún tipo de convenio”, manifestó Villamar, quien laboraba como mecánico industrial.

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El padre de 43 años contó que pudo solicitar cupo para inscribirla en un colegio fiscal; sin embargo, no ha podido legalizar la matrícula. “Me comuniqué con la encargada de dicha escuela y me dice que para legalizarla necesito enviarle por correo un documento PDF y copia de cédula de mi hija, pero el importante es el pase de año y ese no me lo quieren facilitar por la deuda que tengo”, aseguró él.

El 1 de junio se inició el año lectivo virtual en la Costa y Galápagos. Hasta el momento han transcurrido dos semanas de clases y Alicia, según su padre, no ha podido recibir tareas, no le envían correos ni le hacen llamadas al WhatsApp.

“Yo le dije a la maestra que hasta que esto se normalice por lo menos le permitan que la niña siga avanzando con el pénsum de los otros compañeros y me dice que no hasta que no legalice la matrícula y no me le envían ningún tipo de deberes”, lamentó el padre.

Geovanny Villacís está desempleado desde meses antes de que se inicie la pandemia. Eso le impidió que continúe pagando las pensiones que restaban del año lectivo pasado.

Relató que debe pagar $900. “Quería ver de alguna manera cómo se podría hacer, pero en el colegio me dijeron que no había ninguna solución, la única era pagar para poder matricularlo, porque si no se paga, como le repito, ni se puede retirarlo”, expuso el hombre.

Comentó que el único ingreso que tiene es por la ayuda de sus padres que le entregan $30 semanales, por lo que no le alcanza para pagar el año lectivo de su hijo Alessandro, quien debe cursar el segundo año de bachillerato.

Este Diario se comunicó con la subsecretaria de Educación, Alexandra Higgins, para que conozca sobre esta situación que están viviendo los padres con la educación de sus hijos y respondió: “En ese caso, el padre de familia debe poner una denuncia ante el Distrito correspondiente y le entregarán los papeles respectivos”.

En el veto parcial a la Ley Humanitaria, enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, el pasado martes 9 de junio, se fijó que las instituciones educativas particulares no podrán suspender, bajo ninguna forma, el servicio educativo, la asistencia, el registro de asistencia y evaluación a los estudiantes cuyos representantes mantengan retrasos en el pago de pensiones por haberse quedado sin empleo.

En los casos en los que haya incumplimiento de pago de hasta seis meses, sin que las partes logren un acuerdo de pago, el Estado brindará las facilidades para que los estudiantes se mantengan dentro del sistema educativo. (I)