La Comisión IDH ha manifestado su preocupación de que el Gobierno en lugar de garantizar derechos, tenga una actitud de regresividad que genera vulnerabilidades.

Freddy Carrión, defensor del Pueblo, señaló que el Gobierno Nacional ha trasladado la emergencia sanitaria a una crisis humanitaria que se evidencia en las medidas que se han tomado entorno a la salud, educación y trabajo.

El funcionario citó el mal manejo del número de fallecidos y contagiados por las autoridades, la falta de acceso a la salud de una parte de la población que estando contagiados siguen en sus domicilios sin asistencia y por otro lado cerca de 100 mil personas ya han pedido su empleo pleno, con lo cual se reducen los recursos de la seguridad social.

“Estamos hablando de recortes presupuestarios a la educación, otra afectación a los derechos de los jóvenes”.

Recordó incluso que por esas medidas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado su preocupación de que el Gobierno en lugar de garantizar derechos tenga una actitud de regresividad, generando vulnerabilidades.

Otro problema que se ha evidenciado, según el funcionario, es el abandono a los ecuatorianos que se quedaron varados en el exterior sin ningún tipo de ayuda: “Dejaron que se las arreglen solos para regresar al país. ¿Qué Estado tenemos que no puede dar atención a sus ciudadanos?”, cuestionó.

En ese marco, criticó las palabras del ministro de Finanzas, Richard Martínez, respecto a a que la realidad superó la legalidad, lo cual le dio patente der corzo para guardar la Constitución y actuar en función a lo que el Gobierno cree que está bien: “Esas son palabras irresponsables porque todos los funcionarios deben someterse a la ley”.

Con esa base, Carrión calificó como una premonición para el Ecuador, la alerta del secretario de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, donde instaba a los Estados a tener cuidado de trasladar una crisis sanitaria a una crisis humanitaria.