La Comisión de Fiscalización, este 31 de octubre, cerrará la etapa de prueba del juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, cuando la acusada comparezca a presentar las pruebas de descargo respecto de un incumplimiento de funciones durante el paro nacional de octubre de 2019.

Las comparecencias de cargo concluyeron ayer con el testimonio de familiares de las víctimas que fallecieron en la manifestación, ciudadanos que salieron afectados por el impacto de bombas lacrimógenas y de periodistas que hicieron la cobertura.

Los representantes de las universidades Salesiana y Católica de Quito se excusaron de acudir a la Comisión.

El último día de comparecencias empezó con la narrativa de la ciudadana Miriam Cabadiana, que se refirió a la toma de las instalaciones petroleras en Sucumbíos y resaltó que la manifestación contra el Decreto 883 fue pacífica, pero que hubo policías infiltrados que provocaron la violencia.

Luego habló Jorge Rivera, quien perdió un ojo por el impacto de una bomba lacrimógena; asimismo, Himelda Rivera contó sobre las circunstancias en que falleció su hijo; y Patricia Mosquera responsabilizó al Gobierno de la muerte de su hermano por impacto de un proyectil.

Del grupo de periodistas compareció César Ricaurte, director de la ONG de Fundamedios, quien dijo que hubo 190 alertas de agresiones a comunicadores durante el paro nacional y destacó que el Comité de Protección a Periodistas no se activó sino a partir del 10 de octubre, pero aclaró que la única que estuvo activa fue la ministra de Gobierno.

Agregó que los periodistas no recibieron capacitación sobre coberturas de riesgo; y que el Comité actuó de forma reactiva, a pesar de que los periodistas se convirtieron en un objetivo de ataque.

Christian Segarra, hijo del colaborador de El Comercio Efraín Segarra, quien fue asesinado en la frontera, se refirió a las condiciones de desprotección de la actividad de los periodistas y que el Comité de Protección no se activó.

El periodista Luis Vivanco también se refirió al Comité de Protección que nunca se activó frente al secuestro de periodistas en la Casa de la Cultura. “No existe ningún tipo de iniciativa oficial en este Gobierno que pretenda proteger e incentivar el trabajo del periodismo libre, más bien veo que cada día se van debilitando las libertades; vemos a una ministra de Gobierno empecinada en atacar a periodistas y no a responder acusaciones”.

En tanto que Leonidas Iza, dirigente del Movimiento Indígena de Cotopaxi, sostuvo que quienes salieron a protestar por el Decreto 883 no fueron los violentos, sino que los niveles de violencia vinieron desde la estructura del Gobierno y que la responsable fue la ministra Romo. Insistió en que en la Casa de Cultura no hubo ningún secuestro de periodistas; que había grupos que estaban cubriendo políticamente al Gobierno, frente a otros periodistas de medios comunitarios que dijeron que estaban por voluntad propia.

Indicó que han presentado una acción legal en contra del régimen por un delito de lesa humanidad, y pidió que la Comisión de Fiscalización recomiende el juicio político contra la ministra de Gobierno.

Además solicitó una desclasificación de la información para verificar si fue el Gobierno el que provocó la violencia infiltrándose en sus filas.

Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), comentó a su turno que sí hubo uso excesivo de la fuerza y que el Gobierno no tuvo voluntad política para resolver los problemas, y que más bien cumplió las órdenes de los ministros.

Insistió en que hubo una manifestación pacífica, pero que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía no la respetaron. Los que tienen que responder son los ministros de Gobierno y de Defensa; y reiteró que no hubo secuestros en la Casa de la Cultura. (I)