La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional presidida por Johanna Cedeño (ex AP), avocó conocimiento del juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Christian Cruz, acusado de una supuesta obtención fraudulenta del carné de discapacidad y abrogación de funciones.

Con ello, este 13 de septiembre, se inicia el proceso de investigación política planteado por el legislador, Henry Kronfle (PSC), quien acusó a Cruz, de haberse beneficiado tanto de exoneraciones tributarias como en los procesos de concurso para integrar el Cpccs, al obtener de una forma irregular el carné de discapacidad. El proceso de prueba de cargo y de descargo durará 15 días, según el procedimiento.

El inicio de este proceso de juicio político se realiza en medio de una decisión tomada el viernes pasado por el pleno de la Asamblea, con 85 votos, donde decidió reestructurar la actual Comisión de Fiscalización por considerar que existen procesos penales abiertos en contra de varios miembros que integran actualmente la comisión.

La reestructura, según la resolución plenaria, debería realizarse este lunes 14 de septiembre; pero el plazo para que la Comisión de Fiscalización conozca el juicio político contra Cruz Larrea, calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), vencía el domingo; por esa razón, Cedeño convocó a sesión, para evitar que el juicio sea archivado por inacción de la comisión.

Los miembros de la Comisión de Fiscalización anuncian que interpondrán acciones legales y constitucionales para evitar la reestructuración considerando que no existe normativa expresa para proceder a cambiar a los integrantes de una comisión fuera del periodo fijo de dos años.

Acusaciones

El expediente presentado por el legislador Kronfle, en contra del Presidente del Cpccs, lo acusa de incumplimiento de funciones y describe que en octubre de 2009, en un solo día, realizó la solicitud e inscribió el carné de discapacidad ante la coordinadora provincial de Pichincha del Conadis, María Gabriela Barahona, con el 81% de discapacidad visual y auditiva, y que esa credencial fue presentada para el concurso público de oposición y méritos para la integración del Cpccs.

Para kronfle, es extraño que el postulante, Christian Cruz, haya rendido el examen de oposición para el concurso dos meses de haberse determinado su alto grado de discapacidad, auditiva y visual.

Según los documentos expuesto en el proceso, Kronflez, como prueba presenta los tres pedidos que presentó Xavier Torres, representante del Conadis, pidiendo al ahora acusado de presentarse a un examen de revaluación de su discapacidad. Hecho que hasta el momento no se concreta.

Para reafirmar su acusación el asambleísta del PSC, incluyó como prueba un certificado de la Fundación Vista para Todos dirigida al Conadis, donde textualmente señala que: “Con estos antecedentes se puede desprender que de parte de la persona que supuestamente responde a los nombres de Christian Antonio Cruz Larrea, hubo mala intención y actuar maliciosamente, en dar los datos reales, en dar una información veraz a los profesionales que le atendieron y adulterar documentos”.

También consta el certificado del Servicio de Rentas Internas (SRI), que da cuenta que Christian Cruz, fue exonerado por discapacidad en el pago del impuesto a propiedad durante los años 2016 al 2020, inclusive; también el registro de la Agencia Nacional de Tránsito donde consta el acusado mantiene una licencia de conducir profesional tipo E, desde el 08 de agosto de 2016. La interrogante del legislador el PSC, es saber cómo una persona con el 81% de discapacidad auditiva y visual puede obtener una licencia de tipo profesional o ya se encontraba supuestamente recuperado y se aprovechó para obtener beneficios como exoneraciones tributarias o lo que sería peor, que nunca mantuvo una discapacidad.

Se añade como prueba la resolución del pleno del Cpccs, semanas atrás, que con cinco votos se aprobó la solicitud al Presidente del Consejo, Christian Cruz, la renuncia al cargo, por haber detectado irregularidades en la obtención de su carné de discapacidad.

Respecto a la abrogación de funciones, se expone como prueba que el 10 de octubre de 2019, el acusado sin la aprobación del pleno del Cpccs, resolvió expedir los reglamentos para la administración, utilización, mantenimiento y control del parque automotor del Consejo, y el reglamento interno para la autorización, cálculo, pago y liquidación de viáticos y movilizaciones de los servidores y trabajadores del Cpccs, designados a cumplir comisiones de servicios institucionales dentro del país, competencia que le corresponde al pleno del Consejo.

Cedeño cerró la sesión a las 18:42, aclarando que la Comisión de Fiscalización es una de las que más ha trabajado en el presente periodo legislativo con 160 sesiones; y que ha respetado el debido proceso en el momento de evacuar los juicios políticos. Los resultados se aprueban con votos y muchos de ellos no son afines a los partidos y movimientos políticos y a intereses.

Señaló que la intención de cambiar la Comisión de Fiscalización por resolución del pleno de la Asamblea Nacional es inconstitucional y que se pretende cometer una ilegalidad por encima de lo que determinar la norma, y advirtió que eso traerá graves consecuencias. (I)