La Comisión de Educación demandó de la ministra del ramo un plan de contingencia para atender esta preocupación.

Punto Noticias. Que presente de forma inmediata un plan de contingencia, ante la posibilidad del cierre de instituciones educativas particulares y la migración que se daría al sistema público, requirieron a la ministra del ramo, Monserrat Creamer, los integrantes de la Comisión de Educación.

Los legisladores, en cualquier caso, se comprometieron a garantizar la sostenibilidad y sustentabilidad del sistema educativo, en todos sus niveles, durante el tratamiento del informe para primer debate del proyecto de Ley de Apoyo Humanitario.

A criterio del presidente de la mesa legislativa, Jimmy Candell, que se debe valorar las alertas de los centros privados (guarderías, escuelas, colegios y universidades), en el sentido que la reducción de costos de pensiones y matriculas ahondaría la situación económica calamitosa que viven y que conllevaría a su colapso. A esto se sumaría la deserción que bordearía el 30 % y la imposibilidad de que el sistema público pueda acoger a un alto número de alumnos de las entidades privadas.

Para Marcelo Simbaña, hay incertidumbre en que el Gobierno cumpla con las compensaciones mencionadas, dada la severa crisis económica del Estado. Estas inquietudes fueron compartidas por Silvia Salgado, Amapola Naranjo y Dallyana Passailaigue.

Con estos argumentos, la Comisión aprobó una resolución que, entre otros puntos, determina que el texto del artículo 8 de la Ley de Apoyo Humanitario, que establece un descuento generalizado del 20 %, no logra focalizar este beneficio para quienes verdaderamente lo necesitan. Además, fijar un descuento, sin un análisis técnico y financiero del impacto presupuestario, pone en inminente riesgo a la sostenibilidad de las instituciones de educación particulares, de todos los niveles.

Estas observaciones alternativas serán trasladadas al titular del Parlamento y a la Comisión de Desarrollo Económico, a fin de que sean tomadas en cuenta en la sesión del Pleno.

Marcela Aguiñaga, de la Revolución Ciudadana, destacó la gestión de la Unidad Educativa Nuevo Mundo, que, a través de la fundación del mismo nombre, imparte educación gratuita y de calidad a cientos de niños de escasos recursos, pero que hoy, al igual que muchas entidades de solidaridad, atraviesan momentos difíciles.

Rodolfo Rendón, rector de la institución educativa, alertó que antes del coronavirus las entidades particulares manejaban una cartera vencida, en el año anterior, del 10 al 40 % y que, luego de la pandemia, se podría registrar una salida de alumnos de entre el 20 al 50%.

Anita Jouvín, ejecutiva de BanEcuador, anunció que, a partir del 1 de mayo se abre el proceso de crédito educativo emergente, a favor de padres de familia, para pagos de matrículas, pensiones, compra de uniformes, materiales y adquisición de computadores, que facilitaría la integración de los estudiantes a las clases virtuales. Los préstamos serán por un monto de tres mil dólares, a dos años plazo, tres meses de gracia y con tasas de 16 % anual.

La parlamentaria Teresa Benavides planteó que las tasas de interés sean más flexibles. En tanto, el legislador Israel Cruz opinó que se podrían abrir las puertas a bancos extranjeros para que den mayores facilidades, debido a la dura situación de los hogares ecuatorianos y del mundo.

Fuente: Asamblea Nacional.