La carga tributaria se debería hacer a los grupos empresariales, agregó.

Gabriel Recalde, director del Centro de Estudios de la Política Laboral, calificó de confiscatoria la propuesta de reducir en un 10% los salarios de los servidores públicos que ganan más de USD1.000 y la aplicación de una tabla de “contribución” para quienes perciben más de USD500 mensuales.

Recordó que la canasta básica está por encima de los USD700 y la medida que se busca aplicar para crear un fondo ciudadano golpearía más a las familias donde en su mayoría solo cuentan con un ingreso pues el resto está en el desempleo.

Con esa base propuso que el Gobierno tome recursos de los grupos empresariales que pagan entre 2% o 3% en su carga tributaria y asimismo dejar de pagar la deuda externa: “Es decir si podemos tomar medidas que no vayan contra los trabajadores”.

Señaló que es inconstitucional el planteamiento de suspender las mensualidades de los trabajadores por tres meses, porque es un derecho irrenunciable y en ese aspecto reprochó que todos los ajustes laborales se tomen únicamente con los empresarios y no con el sector trabajador.

Asimismo Recalde mencionó que cualquier tipo de descuento a los trabajadores debe ser consensuado y acordado, y hasta el momento aquello no se ha cumplido pues lo único que se hace es obligar mediante normativa o amenaza de despido, esto último desde que los empresarios han tenido apertura en las Instancias del Gobiernos.