Gremios sugieren combatir el COVID-19 en barrios para bajar contagios en Quito
La capital de la República entra al segundo mes en semáforo amarillo por la presencia del coronavirus, en medio de críticas y sugerencias al manejo de la crisis hecho por el Gobierno y dudas sobre la efectividad de las pruebas para detectar la pandemia que adquirió el Municipio capitalino.
Un mes después de que pasara del aislamiento al distanciamiento social, del color rojo al amarillo, hubo 3974 nuevos casos confirmados.
El 3 de junio, fecha del cambio, hubo 3842. El 3 de julio, 7816. Esto de acuerdo con las cifras del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) provincial, que toma como referencia los datos del Ministerio de Salud Pública.
Al hacer una comparación con el mes anterior a la modificación de las restricciones, hubo 2256 casos. Así, el 3 de mayo se reportaron 1586 casos confirmados.
El cambio de color ha sido cuestionado por asociaciones como el Colegio de Médicos de Pichincha.
Víctor Álvarez, presidente del gremio, mencionó que es crítico el aumento de pacientes en el Distrito Metropolitano.
«Habíamos solicitado que la decisión se prolongue unos quince días más para tener la posibilidad de mejorar los procesos en los cuales tiene que estar empoderada la población para este cambio. Hemos visto que no fue lo adecuado. No hemos tenido un crecimiento exponencial, pero sí ha sido sostenido», agregó.
Fernando Sacoto, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, aseguró que los hospitales estaban colapsados. Puso como ejemplo que en días pasados había 98 personas en la Seguridad Social en espera de hospitalización y de cuidados intensivos.
Agregó que la respuesta oficial ha sido tratar de «atrincherarse» en los hospitales. «El índice de rotación de camas, en este caso de coronavirus, es muy bajo, no se desocupan las camas rápidamente porque la gente permanece en los hospitales durante varios días, a veces, hasta semanas», dijo.
Para Sacoto, lo adecuado es combatir la pandemia mediante un sistema de vigilancia epidemiológica en los barrios, que es donde los casos se originan. Funcionaría con vigilantes comunitarios que se hacen cargo de 40 o 50 familias a las que monitorean de forma telefónica e identifican casos sospechosos.
Álvarez coincide con Sacoto en que hay que trabajar con la comunidad. «Cuando existe un relajamiento en las medidas de bioseguridad directamente hay un aumento de los casos de los pacientes (…), sigue habiendo una gran demanda de pacientes con síntomas moderados, graves…», agregó.
Juan Carlos Zevallos, ministro de Salud, dijo que la demanda de camas sigue alta, aunque hay una variación ligera en disminución de esa necesidad.
Según Zevallos, en Quito, en el nivel de la atención primaria de salud se han detectado probables casos, se han hecho exámenes y si son positivos, se ha hecho el seguimiento en sus domicilios y luego se ha levantado un cerco epidemiológico.
«Vamos a seguir poniendo énfasis en eso, no tanto en hospitales, sino en la atención primaria de salud», agregó Zevallos.
Sin embargo, seis de cada diez personas, en junio, que tenían coronavirus confirmado se movilizaron, fuera de su confinamiento, mencionó el funcionario.
En tanto, el Municipio de Quito espera los resultados de un segundo estudio a las pruebas que importó para detectar el COVID-19. En un análisis preliminar hecho por la Universidad de las Américas (UDLA) se determinó que tendrían una aplicabilidad limitada.
En una muestra se concluyó que los test no siempre identifican la carga viral de una persona y eso podría inducir a un error sobre el número de contagiados.
Autoridades del cabildo quiteño no descartaron un reemplazo de las pruebas. (I)