El juez de caso Furukawa beneficia a la empresa demandada, reclama abogada de la CEDHU

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La audiencia de acción de protección contra la abacalera fue suspendida, por segunda ocasión.

Punto Noticias. El miércoles 6 de enero se reinstaló, en su segundo día, la audiencia de acción de protección interpuesta por los trabajadores en contra de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador y del Estado ecuatoriano, que, al final de la tarde, fue nuevamente suspendida, sin que se haya fijado nueva fecha y hora para su continuación.

Patricia Carrión, abogada de la CEDHU, organismo que patrocina la acción, denunció que el juez a cargo de la causa, de manera sorpresiva y en contra de su propia decisión de no autorizar intervenciones vía telemática, permitió que dos abogados de la empresa Furukawa, Marcelo Guerra Coronel y Gabriel Ponce Hernández, comparezcan, por esa vía, como “testigos expertos”.

A criterio de la abogada, este acto del juez, frente a la negativa de que los 13 amicus curiae que aportan con diversos criterios sobre derechos humanos sean presentados, constituye una vulneración al derecho y al debido proceso.

“Hay una clara diferenciación en el trato que se ha dado a las víctimas, a los patrocinadores de la demanda y a la empresa y sus abogados”, protestó.

Carrión cuestiona la defensa de la empresa, la cual, dice, intenta ocultar el caso y acallar las voces de las víctimas de lo que se considera esclavitud moderna y quiere posicionar verdades a medias y mentiras completas.

Puso como ejemplo que, para la defensa de Furukawa, este es un caso laboral, desconociendo que se trata de un caso de derechos humanos, que debe ser tratado por otra vía, no la constitucional.

Los abogados de la empresa sostienen que los trabajadores de esta viven bien, son bien tratados, bien pagados, tienen acceso a todos los servicios básicos, cuando muchas autoridades, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, los ministerios de Gobierno, Salud, la Asamblea Nacional, han evidenciado que los empleados vivían en condiciones desfavorables, en un ambiente de discriminación, exclusión social y extrema pobreza, sostiene la jurista de la CEDHU.

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