La Asamblea Nacional llamará al pleno a las autoridades de la Superintendencia de Bancos; Superintendencia de Economía Popular; y de la Junta de Regulación Monetaria para que expliquen las acciones de control realizadas al proceso de reprogramación de pago cuotas por obligaciones con entidades del sistema financiero nacional público y privado.

La resolución planteada por el legislador Alberto Arias (ex AP), logró 115 votos a favor, quien explicó que existen casos en que entidades del sistema financiero, en estos momentos, cobran intereses de mora sobre el capital de valores diferidos, que no han podido ser cancelados por la crisis de la pandemia del COVID-19. Todo esto a sabiendas que la Ley Humanitaria, promulgada el 22 de junio pasado, y las resoluciones de a Junta Monetaria y Financiera lo prohíben.

.@AsambleaEcuador llamará a las autoridades de las superintendencias de Bancos y de Economía Popular, y de la Junta de Regulación Monetaria sobre las medidas de control al proceso de reprogramación de pago de cuotas a los bancos, por efecto de la pandemia. @eluniversocompic.twitter.com/s0KYbZUuS5

— Vicente Ordóñez P. (@vicenteopi) September 30, 2020

La Superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, debe informar sobre la muestra de datos recopilados hasta el momento de las diferentes operaciones de crédito del sector de la transportación en sus diferentes modalidades, la cual consta de 784 operaciones de crédito que se encuentran financiadas en 17 instituciones bancarias, y además de la cadena productiva y el sector turístico que están bajo la supervisión de la Superintendencia.

En cambio, la Superintendenta de Economía Popular y Solidaria, Sofía Hernández, tendrá que informar según la muestra de datos recopilados hasta el momento de las diferentes operaciones de crédito del sector de la transportación en sus diferentes modalidades, la cual consta de 1 935 operaciones de crédito que se encuentran financiadas en 154 cooperativas de ahorro y crédito; y además, de la cadena productiva y el sector turístico que están bajo supervisión de la Superintendencia.

En la resolución aprobada, los legisladores encargan a la Comisión de Fiscalización y Control Político que realice un seguimiento de la información proporcionada por la autoridades de la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Economía, Popular y Solidaria y de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, tras su comparecencia en este pleno.

La resolución no incluye fecha en que deberán realizarse las comparecencias. (I)