Así lo determina el veto parcial 31 del Ejecutivo aplicado a la disposición transitoria vigésima segunda de la Ley de Apoyo Humanitario que pasó a conocimiento de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional.

En la objeción el gobierno consideró que es necesaria la intervención de las entidades de la Función Ejecutiva rectoras de los sectores de ambiente y turismo, en su afán de garantizar la sostenibilidad del ecosistema del Archipiélago de Galápagos y no ponerlo en riesgo bajo ninguna circunstancia, así como el cumplimiento de la normativa aplicable, sobre la conveniencia de activar los aeropuertos para vuelos internacionales directos.

El texto planteado por el Ejecutivo en la objeción parcial determina que el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, los ministerios rectores de ambiente y turismo, la Dirección General de Aviación Civil, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos, realizarán informes técnicos sobre la conveniencia de activar los aeropuertos de las Islas Galápagos para vuelos internacionales directos, asegurando que se cumplan con todas las regulaciones y las condiciones que garanticen la sostenibilidad del ecosistema del Parque Nacional Galápagos en la legislación vigente.

Esto se realizará en coordinación con los Ministerios de Turismo y Salud, como con los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia para que determinen su factibilidad, hasta que el sector turístico del Ecuador continental se recupere.

En lo que inicialmente aprobó la Asamblea Nacional no incluía los informes técnicos previos para habilitar los aeropuertos de las Islas para vuelos internacionales directos; pero se señalaba que será una tarea de coordinación entre las autoridades de aviación civil y de Galápagos quienes determinen su factibilidad hasta que el sector turístico del Ecuador continental se recupere. (I)