Juristas coinciden con el pedido de la Fiscalía de archivar la investigación, por no tener la Contraloría la potestad legal para intervenir en una empresa privada

LOS PERIODISTAS

Sin tener potestad legal para intervenir en empresas de carácter privado, el contralor subrogante, Pablo Celi, ordenó practicar auditorías al canal de televisión incautado, Gamavisión.

La Contraloría realizó un examen especial a la administración del medio, en el periodo del 01 de enero de 2010 al 30 de abril de 2016, tras lo cual determinó indicios de responsabilidad penal en contra de 20 exdirectivos, por presunto peculado.

El informe fue remitido a la Fiscalía General para la investigación correspondiente. Sin embargo, dos años más tarde, el fiscal encargado de este caso, Alex Castillo, determinó que la Contraloría actuó de manera ilegal, por lo que solicitó el archivo de la investigación.

El fiscal basó su decisión en varios informes y consultas. Entre ellas, una del ministerio de Finanzas, del 19 de abril de 2018, en la que señaló que “Gamavisión no ha recibido asignaciones del Estado y no consta en las instituciones y entidades desconcentradas del sector público”.

Asimismo, la Procuraduría General del Estado certificó que Gamavisión, al igual que las demás empresas incautadas, conservan su naturaleza de personas jurídicas de derecho privado.

Adicionalmente, en el Acuerdo Presidencial número 227, del 27 de noviembre de 2017, se estableció que los medios de comunicación incautados se considerarán como privados.

En la parte resolutiva, el fiscal concluyó que Gamavisión “a pesar de haber sido incautado por la AGD, jamás perdió su naturaleza de persona jurídica de derecho privado. Por lo tanto, no era de competencia de la Contraloría General del Estado revisar las remuneraciones percibidas por los trabajadores y directivos.”

Añade que los hechos dados a conocer por la Contraloría no constituyen delito porque en ningún momento se afectó al erario nacional.

Juristas consultados califican como acertada la decisión del fiscal, por lo que consideran que el juez competente acogerá el pedido y archivará el proceso.

El abogado Mauricio Cáceres señala que no se requería de un mayor análisis jurídico por parte de la Fiscalía para solicitar el archivo, debido a que la naturaleza jurídica de ese medio de comunicación es de derecho privado.

Resalta que sus trabajadores no son funcionarios públicos y por esa razón jamás se podían iniciar acciones por peculado, porque el medio no manejó recursos del Estado.

En su opinión, “existió una serie de errores jurídicos no solo por parte de la Contraloría, sino también de la Fiscalía, al proseguir un trámite que a todas luces tenía que haber sido archivado automáticamente”.

El abogado Alejandro Salguero coincide con ese criterio, por lo que cree que el juez que conozca el caso aceptará el archivo solicitado por el fiscal, amparado en el artículo 225 de la Constitución.

“Está bien sustentado lo que planteó la Fiscalía, un juez partiendo del marco constitucional podrá advertir que, en efecto, Gamavisión no puede ser considerado parte del sector público y no es sujeto de revisión de la Contraloría. No veo argumentos que permitan al juez decir lo contrario”, señala Salguero.

Durante las auditorías, la defensa de los exdirectivos presentaron los mismos argumentos jurídicos, señalados posteriormente por la Fiscalía, para demostrar que Gamavisión es un medio privado, que no se rige por la Ley Orgánica de Empresas Púbicas. Sin embargo, fueron rechazados por los auditores.

Ambos juristas advierten que la acción administrativa de Pablo Celi podría ser objeto de una acción legal en su contra, en caso de que algún exdirectivo del canal considere que se vulneraron sus derechos.

Una de las consecuencias más relevantes de la acción de la Contraloría fue la destitución del entonces Superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, quien se desempeñó como Director Nacional de Noticias de Gamavisión.

El 05 de febrero de 2018, Pablo Celi notificó a Ochoa con una glosa por USD 115.811, una multa de USD 7.320 y la sanción administrativa de destitución.

En ese entonces, Ochoa respondió públicamente que “llama la atención que se plantee mi destitución como Director Nacional de Noticias de Gamavisión, cargo en el que nunca existió nombramiento como funcionario público y al que renuncié hace 4 años”.

De la sanción de la Contraloría, se valió el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que fue presidido por Julio César Trujillo, para destituir al superintendente, el 7 de marzo de 2018.

En su resolución, argumentó que le corresponde ejecutar la sanción de destitución, al cargo actual, dispuesto por la Contraloría, por ser el Consejo la autoridad nominadora de la Superintendencia de Comunicación.