Juan Fernando Almeida sostiene que Contraloría y Fiscalía partieron de hechos falsos para señalar que hubo perjuicio económico para el Estado.

Punto Noticias. Los 15 procesados por el caso Singue están en suspenso, a la espera del fallo que emitirá el tribunal que sustanció la audiencia de juzgamiento, que se llevó a cabo el pasado octubre.

Juan Fernando Almeida, abogado de César Guerra, uno de los acusados del delito de peculado, declaró que confía en que los magistrados actuarán en derecho y desecharán la teoría de Fiscalía, que sostiene que hubo un perjuicio para el Estado de 28 millones y medio de dólares.

“Yo no tengo motivos para desconfiar, yo vi la actitud del juez (Iván León) en la audiencia, yo creo que es un juez perceptivo, un juez que entendió. A mi criterio, en mi lectura personal, yo creo que ellos (los jueces) entendieron bien las preguntas que se hicieron, las dudas que se realizaron. Incluso, en los alegatos de cierre estuvieron muy atentos a las defensas. Yo sí confío y espero no equivocarme”, señaló.

El abogado sostiene que no hay delito, porque no hay perjuicio económico, como sostienen Contraloría y Fiscalía, en el contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación del Bloque Singue, dentro de la Décima Ronda Petrolera, que suscribieron la Secretaría de Hidrocarburos y el consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cía. Ltda. y la firma Gente Oil Development LLC (DCG).

Almeida explicó que el Estado ecuatoriano, a través de una comisión, negoció la tarifa que debía pagar a la contratista, para lo cual esta comisión elaboró un modelo matemático, que luego fue tomado por Contraloría y Fiscalía.

Contraloría cambió algunos elementos y, pese a que técnicamente se puede explotar el 90 % de las reservas probadas, el organismo de control sostuvo que debe ser el 100 %, con lo que la tarifa, para la entidad, debió ser un dólar menos. De allí, los cinco millones de diferencia, que dice es el perjuicio.

Entre tanto, según el jurista, la perito de Fiscalía, con el mismo modelo matemático, sustentó que el Estado siempre paga 33.5 dólares por barril de petróleo a la contratista, por lo que con la tarifa que pagó al consorcio, 27.50, el Estado perdió con la baja del precio del crudo y el perjuicio fue de 28 millones y medio de dólares.

“Todo esto hacer ver que claramente se partió de una falacia, porque un modelo matemático no está escrito en piedra, es una proyección económica. Si, además, Contraloría y Fiscalía se basan en hechos falsos, tenemos la conclusión que todo lo que han estudiado y analizado es un hecho falso”, reiteró Almeida.