José Ignacio Hernández, exfiscal general de Guaidó, llamó una comisión “desproporcionada” a un abogado argentino llamado Sebastián Vidal quien habría recibido más de USD 26 millones.

Punto Noticias.- The Washington Post destapó la olla de grillos al afirmar que Juan Guaidó se contactó con dos empresarios en Miami para conseguir efectivo despojando bienes de todos los venezolanos. En Venezuela, estas denuncias fueron ampliamente difundidas por Jorge Rodríguez, quien fue ministro de Comunicación.

Dos empresarios Jorge Reyes y Pedro Antar, que ubicaron hasta USD 40 mil millones en activos de PDVSA en todo el Caribe, fueron elegidos para ejecutar un entramado donde el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó en persona, según declaraciones de Reyes a The Washington Post, los llamó en abril de 2019. Quienes mantuvieron más de doce reuniones con altos miembros de la oposición respaldada por Estados Unidos y sus agentes.

La gran sorpresa que se llevaron Reyes y Antar cuando vieron que las demandas de negocios con Guaidó incluían un pago por adelantado de 750.000 dólares a una compañía de Florida que, según registros estatales, es copropiedad de Magin Blasi, hermano de un alto funcionario de la embajada venezolana controlada por el diputado en Washington. Cuya empresa se convertiría en su socio, decía una carta, compartiendo una comisión del 18 % que los hombres habían negociado con los funcionarios de Guaidó.

Javier Troconis, enviado de Guaidó, dijo que fue presentado a Reyes y Antar por un miembro de la Asamblea Nacional Carlos Prosperi, líder de uno de los cuatro partidos de oposición que respaldaron a Guaidó, en diciembre de 2019. El acompañante de Guaidó dijo que Magin Blasi también estuvo presente en la reunión. Blasi es hermano de Fernando Blasi, el jefe de la sección comercial de la embajada venezolana controlada por Guaidó en Washington.

Ampliando la investigación del Post se observa múltiples acuerdos propuestos que involucraban a Troconis y que habrían requerido pagos grandes e inusuales. Incluyen un contrato prospectivo con el gobierno de Paraguay con una comisión de USD 26 millones para pago a terceros. Según dos borradores del contrato no ejecutado obtenidos por The Post, el acuerdo condonaría la mitad de la deuda de 269 millones de dólares que Paraguay acepta que le debe a Venezuela. (Venezuela calcula la cifra en 290 millones de dólares).

En este caso, se pagaría lo que José Ignacio Hernández, exfiscal general de Guaidó, llamó una comisión “desproporcionada” a un abogado argentino llamado Sebastián Vidal quien habría recibido el 20 % del acuerdo, algo más de USD 26 millones.

Hay detalles abundantes en esta trama: Javier Troconis envió una carta al abogado Sebastián Vidal en enero de 2020 poniendo fin a las negociaciones porque había concluido que «no era un buen negocio». A lo que Juan Ernesto Villamayor, jefe de gabinete del presidente paraguayo Mario Abdo Benítez, sostuvo que Guaidó pidió al gobierno paraguayo en marzo que enviara la propuesta a Hernández para su revisión.

Cuando recibieron el contrato en marzo, José Ignacio Hernández respondió a los paraguayos que no era legalmente válido y que no sería aceptado. Hernández renunció como fiscal general de Guaidó ese mes.

Otro acuerdo propuesto, para recuperar activos en un banco británico, reveló la existencia de un contrato que Javier Troconis firmó con un bufete de abogados del sur de Florida para recuperar una cuenta en Gran Bretaña que tenía casi USD 1.7 mil millones del Ministerio de Alimentación de Venezuela.

Ahora están presentes los números del saqueo de activos venezolanos. La prensa mundial detona como «exclusiva» algo que fue conocido y denunciado en reiteradas ocasiones por el gobierno venezolano: que Guaidó y sus secuaces se robaron miles y miles de millones de dólares del pueblo venezolano.

La denuncia del ahora diputado nacional, Jorge Rodríguez, señala que Guaidó lidera una red de corrupción que controla USD 116 mil millones.

Ya en septiembre del 2020, el Fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó la apertura de una investigación contra el Consorcio Caribbean Recovery Assets conformado por las empresas Lock In Capital y Global Risk Management.

Los directores de las compañías, Jorge Reyes y Pedro Antar, se habrían apoderado de los activos de Venezuela en el Caribe bajo un contrato por 750 mil dólares. En las investigaciones aparecieron evidencias de la distribución entre varios partidos políticos un total de USD 8.5 millones entregados por la Fundación Simón Bolívar de la Filial CITGO. Fundación que daba fondos de la estatal para la intervención quirúrgica de venezolanos, especialmente niños con problemas de salud.

La publicación de The Washington Post da muestra de que las sanciones estadounidenses contra el pueblo venezolano y la corrupción galopante de sus ungidos, con Guaidó a la cabeza destruyen la economía y la vidas del pueblo de Venezuela.

Este lunes 4 de enero, hasta el Financial Times dice que Guaidó quitándole su mote de presidente interino exige que transforme su fracaso en resultados tangibles.

La asunción de la nueva Asamblea Nacional en Venezuela debe poner fin a la impunidad. ¿En manos de quién están los activos, que políticos opositores vendieron al mundo que «recuperarían» para el beneficio de todos los venezolanos y que hoy engrosan bolsillos de Guaidó y sus colaboradores?

Este lunes 4 de enero, La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU (OFAC) emitió una licencia que permite a la Asamblea Nacional de Guaidó mantener operaciones con Estados Unidos. Esa Licencia General 31A reemplazó a la Licencia General 31, con fecha del 5 de agosto de 2019.

El robo de los recursos de Venezuela por parte de políticos de la oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro inició con la apropiación por parte de Estados Unidos de Citgo, filial de PDVSA y el mayor activo de Venezuela en el extranjero. El país perdió más de USD 5.2 millones, en activos netos, así como el ingreso que percibía de las más de 6 mil gasolineras afiliadas a Citgo. Se suma a ello, el robo de la empresa Monómeros Colombo Venezolano S.A. ejecutado por el Gobierno de Iván Duque y que cedió el control de esta compañía, filial de Pequiven, a Juan Guaidó.

La empresa, cuyo verdadero jefe es hoy el opositor Leopoldo López, autor junto con Guaidó del fallido golpe de Estado de septiembre pasado, ha perdido 90 % de su participación en el mercado internacional y 15 % del mercado local colombiano.

Según el portal web La Tabla, Monómeros Colombo Venezolanos S.A. en diciembre 2020, apenas logró cumplir con poco más del 50 % de sus metas presupuestarias y operativas con pérdidas acumuladas por más de USD 20 millones.

Una vez destapado el escándalo, se supo que directivos de la empresa se reunían con parlamentarios venezolanos de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional en desacato. Allí participaron los diputados Jorge Millán y Tomás Guanipa, según un testimonio de Calderón Berti, que fue aliado de Guaidó hasta que dio a conocer sus intenciones.

Además, Calderón reveló la presencia del dirigente político y exgobernador del Zulia, Manuel Rosales, del Partido Un Nuevo Tiempo, y de altos ejecutivos del Partido Acción Democrática, encabezados por Bernabé Gutiérrez, Alfredo Chirinos y el diputado de la Mesa de la Unidad Democrática Carlos Prósperi, quienes dijeron actuar en nombre de Henry Ramos Allup.

Incluso, publicó La Tabla, entregaron altas sumas a los representantes de la organización política Acción Democrática, luego de ser amenazados, maltratados verbalmente y exigirles una cuantiosa “vacuna” en dólares de acuerdo a lo que devengaban por nómina o contratos.

El destino de dichos aportes sería la ciudad de Caracas, específicamente a las arcas personales del jefe político de dicho partido Henry Ramos Allup, y como último destino España para ser manejados por su testaferro.

Fuente: Interlaces – Washington Post