Jamil Mahuad se transformó en el segundo expresidente de la República al que en el 2020 la Corte Nacional de Justicia (CNJ) no dio paso a su recurso de casación y con ello quedó en firme su sentencia por el delito de peculado. En septiembre pasado, al exmandatario Rafael Correa también la CNJ le negó por improcedentes los cargos casacionales planteados y le confirmó la pena de ocho años de cárcel por ser el autor mediato del delito de cohecho agravado.

A Mahuad la justicia lo alcanzó a más de 20 años de haber dejado el poder luego de un levantamiento cívico-militar dado en enero de 2000; mientras que a Correa su primera sentencia por un caso de corrupción le llegó a tres años y cuatro meses de que dejó el mando del Estado. Desde sus salidas, el primero se encuentra en Estados Unidos y el segundo, desde el 2017, está en Bélgica.

La tarde del miércoles último y luego de cuatro meses de deliberación, con un voto de mayoría de los jueces de la CNJ, Iván León y David Jacho, se declaró improcedente el recurso de casación planteado por Mahuad, ante una pena que recibió como autor del delito de peculado de ocho años de reclusión menor ordinaria.

Los jueces de la CNJ explicaron en su providencia que se adoptaba la resolución debido a que la defensa del exmandatario no justificó, conforme a derecho, sus argumentaciones y además porque no se pudo evidenciar algún error de derecho que pueda ser corregido.

El voto de minoría llegó desde el lado del juez Wilman Terán, quien pese a declarar improcedente el recurso aseguró que se interpretó el Código Penal (CP), vigente a la fecha de los hechos, de forma errónea y Mahuad era inocente. Pese a este criterio, el voto de mayoría hace que la sentencia en la causa quede en firme y deba bajar al juez de origen para que se encargue de ejecutarla.

La resolución de mayoría explicaba que los seis argumentos planteados por Mahuad giraron en torno a algo que ya fue resuelto en la instancia de apelación, por lo que los «reproches» han quedado desvirtuados y resultan improcedentes. Además, se refirió que la casación debe interponerse solo con base y por los motivos previstos en la ley, ya que no cualquier clase de “inconformidad” con la sentencia es susceptible de ser casada.

A inicios del año 2000, Mahuad fue denunciado por el delito de peculado por Víctor Granda y Jorge Rodríguez, quienes en ese entonces eran parte de la Comisión Cívica contra la Corrupción. Se lo acusaba de extralimitarse en las facultades que le otorgaba la Ley de Seguridad Nacional cuando decretó el cierre de las operaciones bancarias y congeló los depósitos de los clientes de dichas entidades financieras, en 1999.

El expresidente, en un comunicado de prensa, resaltaba que él había obtenido en junio del 2006 un sobreseimiento provisional, sin embargo, durante la presidencia de Rafael Correa, «quien reorganizó cortes y juzgados», se reabrió el proceso.

Para mayo de 2014, la jueza de la CNJ Ximena Vintimilla condenó a Mahuad al considerarlo responsable de un peculado, tipificado en el artículo 257, inciso primero, del CP, y le impuso la pena de doce años de reclusión. La sentencia señalaba que el ex primer mandatario cometió peculado el expedir el Decreto 685 de reprogramación de los depósitos bancarios en 1999, conocido como “congelamiento”.

El exmandatario de 70 años hoy sostiene que en ese momento se celebró este fallo como un triunfo político, «en clara evidencia de un acto judicial adoptado sin la debida independencia de poderes».

En 2017, las juezas Zulema Pachacama, Gladys Terán y Sylvia Sánchez aceptaron parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Mahuad en lo correspondiente «al quantum de la pena» mas no respecto del delito de peculado o su calidad de autor y le redujeron de doce años a ocho años de reclusión.

Fue esta la sentencia casada por Mahuad al señalar que existía una evidente aplicación errónea de la ley e irrespeto al debido proceso en el trámite con el que, dijo, se le ha «perseguido por 20 años».

Dos décadas después de haberse iniciado el proceso penal, Mahuad, a través de un comunicado, defiende su actuación durante el feriado bancario y el congelamiento de recursos, explicando que se ha castigado la adopción de una medida económica que salvó al país de la hiperinflación al frenar la fuga de capitales.

Mahuad recuerda que medidas como estas han sido aplicadas en muchos países por motivos similares, sin que sus gobernantes hayan sido acusados penalmente.

En este juicio, señala Mahuad, no existe prueba alguna de enriquecimiento personal. Refiere que si el peculado implica el abuso de fondos públicos en provecho propio o de terceros, dentro del juicio y en las sentencias dictadas no se ha establecido cuáles fueron los fondos públicos abusados ni la identidad de las personas que supuestamente se beneficiaron del delito.

“Cometen la barbaridad de sentenciarme por peculado de fondos públicos, no por haber dispuesto de fondos públicos sino por haber firmado un decreto ejecutivo que reprogramó los plazos de devolución de los depósitos que no son fondos públicos”, se refiere en un comunicado de Mahuad en el que se adelanta que se presentarán recursos ante la Corte Constitucional y de ser necesario ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. (I)