Habría sobreprecio de 250.000 dólares en compras de insumos médicos y otros perjuicios en anteriores contratos.

LOS PERIODISTAS

Después de prestar servicios durante 19 años en el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Christian Petersen, quien además es ingeniero, se percató de que se estarían cometiendo irregularidades en la institución.

Cuando le solicitaron que supervise la reparación de la embarcación Huancavilca, a cargo de Marcos Morán, notó que se utilizaban repuestos de baja calidad, por lo que solicitó el contrato.

Para su sorpresa, le respondieron que el contrato se hará posteriormente y que era una orden superior. Según Petersen, los repuestos costaban 12.000 dólares, pero se cotizó en 45.000 dólares.

Luego de este hecho, empezó a revisar contratos anteriores en los que habría encontrado presuntas irregularidades, lo que puso en conocimiento del Comandante del Cuerpo de Bomberos, Martín Cucalón.

Otra de las supuestas anomalías, es que en la lista de funcionarios, a la que accedió, constan personas que nadie las conoce con sueldos de hasta 5.000 dólares. La institución no publica en su página web las remuneraciones del personal, como dispone la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Según Petersen, luego de sus denuncias empezó una persecución interna en su contra, que terminó con su separación por supuestamente “afectar al buen nombre de la institución”.

Desde julio del año pasado, presentó denuncias ante la alcaldesa de Guayaquil, Cinthya Viteri; el Contralor subrogante, Pablo Celi; el procurador del Estado, Íñigo Salvador; el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Christian Cruz; y el vicepresidente de la comisión de Fiscalización de la Asamblea, Eliseo Azuero.

Sin embargo, ninguna de estas instituciones tomó acciones. En el caso de la alcaldía de Guayaquil, hasta le prohibieron su participación en la denominada silla vacía, en donde los ciudadanos pueden presentar quejas en las sesiones del municipio.

Únicamente la concejal de Fuerza Compromiso Social, Lídice Aldaz intervino en este caso y realizó algunas gestiones ante el propio Cuerpo de Bomberos y el municipio porteño, pero tampoco hubo resultados.

También acudió a los medios de comunicación, pero no le recibieron sus denuncias porque, según Petersen, le informaron que no pueden hacerlo debido a que el cuerpo de Bomberos pauta publicidad en los medios.

Después de que fue dado de baja de la institución, realizó el seguimiento a las adquisiciones de insumos médicos e implementos de protección, realizadas durante la emergencia sanitaria.

Se efectuaron compras sin concurso por 250.000 dólares, de los cuales cuatro contratos fueron entregados al ciudadano Nicolás Washington Quimi Baquerizo, por 125.452 dólares. El proveedor mantuvo inactivo su RUC hasta 11 días antes de obtener tres de los contratos.

Uno de los productos adquiridos fueron 2.000 trajes de protección por los que se pagaron 63.000 dólares. El exbombero pidió proformas a otros proveedores, quienes ofrecieron la misma cantidad en 24.000 dólares.

Otro contrato fue adjudicado a Ronny Fernando Bonilla Reinado para la fumigación de 83 estaciones de bomberos por un costo de 108.658 dólares. El valor unitario fue de 1.309 dólares y según Petersen, otros proveedores realizan el mismo trabajo en 200 dólares.

Además, asegura que no se habría realizado la fumigación, según le informaron sus excompañeros que aún prestan servicios en la entidad.

Estos últimos hechos fueron denunciados en sus cuentas de redes sociales. El pasado 25 de mayo denunció que fue víctima de un atentado con un artefacto explosivo en su vehículo, del cual responsabilizó a Cucalón.

Lo insólito de este caso es que el Cuerpo de Bomberos presentó una medida cautelar en contra de Petersen, la cual fue aceptada por un juez y ahora el denunciante tiene prohibición para habar públicamente en contra de Culacón y de la institución.

El asambleísta Ronny Aleaga al conocer sobre este caso, solicitó la comparecencia del comandante del Cuerpo de Bomberos y de la alcaldesa de Guayaquil ante la comisión Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, aunque aún no se define una fecha.

Para Aleaga, es inaceptable que se coarte el derecho a la libertad de expresión de un ciudadano que denuncia actos de corrupción, más aún durante la crisis sanitaria en donde se han detectado varios casos de sobreprecios en instituciones públicas.

Lamentó que la Policía y la Fiscalía no hayan dado el tratamiento adecuado al atentado que sufrió Petersen, al comparar este caso con la explosión ocurrida en Teleamazonas en el cual las autoridades actuaron diligentemente.

Para contrastar estas denuncias, contactamos a través de su número celular al coronel Martín Cucalón, quien prefirió no opinar sobre el tema. Solicitó comunicarse con la abogada Vanesa Ochoa, quien patrocina al Cuerpo de Bomberos.

Sin embargo, Ochoa aseguró que no está autorizada para dar entrevistas. Brevemente se limitó a rechazar las acusaciones de Christian Petersen y confirmó que la institución presentó una demanda en su contra por calumnias, la que le impide al ciudadano continuar hablando sobre Cucalón.