Se dispone la terminación unilateral del contrato para hacer hospital en Pedernales
Gabriel Martínez, ministro de Transporte y Obras Públicas, anunció la tarde de este martes 9, en su cuenta en Twitter, que decidió terminar el contrato con el Consorcio Pedernales Manabí, al que en diciembre pasado le fue asignada la construcción de un hospital básico de 30 camas, en Pedernales, obra que tendría un costo de $16,4 millones.
Antes de ese anuncio, el titular de esa cartera de Estado dijo en su visita a este cantón manabita que del total de $8,2 millones que recibió el Consorcio para la construcción del hospital, unos $2,3 millones aún no han sido justificados.
El anuncio del ministro Martínez se dio en medio de reclamos de varias personas que cuestionaban la versión del régimen de que ya no se haría el hospital debido a las denuncias de corrupción que pesan sobre el proceso licitatorio.
Responsabilidades penales en la construcción del Hospital de Pedernales, determinó la Contraloría
En el proceso investigativo se produjeron varias detenciones, entre ellas, la del asambleísta Daniel Mendoza. Martínez llegó con una idea que dejó con altibajos a los habitantes de Pedernales.
El mismo día, un juez dictó prisión preventiva a Edmundo Tamayo, director del Servicio de Contratación de Obras (Secob), Jennifer C., Tania S. y Ángel A., y arresto domiciliario para Olga M.
Además, a todos se les dispuso retención de fondos de cuentas bancarias y prohibición de enajenar bienes por el valor del anticipo de la obra.
Dijo que al momento en la cuenta del Consorcio en BanEcuador apenas hay $893 000 y en una cuenta del Banco Internacional otros $5 millones, por lo que se desconoce al momento la movilización de $2,3 millones por parte del Consorcio Pedernales Manabí.
El secretario de Estado indicó que hasta ahora el Consorcio no ha podido justificar el destino de esos $2,3 millones. Este sería un incumplimiento de contrato por el uso del anticipo sin justificación alguna, agregó.
Martínez expuso que para poder continuar con la obra se procederá a ejecutar las garantías para recuperar los $8,2 millones desembolsados y ese dinero servirá para una nueva contratación, la cual siguiendo los procesos legales se daría en un lapso de 90 días, explicó.
“En un proceso de precalificación de ofertas que nosotros vamos a diseñar esta semana recibiríamos a aquellos concursantes, a aquellos oferentes que deseen participar en base a los mismos pliegos, en base a la misma normativa o las mismas especificaciones de construcción, presentarían sus propuestas y nosotros de ese proceso de preselección escogeríamos la mejor alternativa y después se adjudicaría por régimen especial ese contrato, ya que ha sido producto de una terminación unilateral”, dijo.
Martínez estimó que para septiembre volverá a Pedernales con la buena nueva de un tercer contrato para construir el hospital de este cantón, uno de los más afectados tras el terremoto de abril de 2016.
Pero, además, Martínez indicó que pese a la culminación del contrato en forma unilateral, la empresa Consorcio Pedernales Manabí tendrá que seguir ejecutando su trabajo y presentar las planillas, y se hará la liquidación que corresponda para cruzar con el anticipo que recibieron.
“De esta manera nosotros garantizamos que hay un proceso nuevo para poder ejecutar esta obra y que se va a contar con los fondos para poder realizarla”, indicó el titular de la cartera de Transporte.
Temístocles Toala, superintendente de obra, dijo que hasta el pasado lunes la obra tenía un avance del 2,9 % y que ya se habían invertido $400 000, pero reconoció que tienen pendiente la subcontratación, por ejemplo, de estructura metálica y de aisladores sísmicos.
Enrique Cano, asesor jurídico del Consorcio, reconoció que las cuentas de la empresa están bloqueadas, pero dijo que están pidiendo audiencia para la revisión de las medidas, pues consideró injusto este proceder del ministerio.
Refirió que no se pueden ligar los temas del Consorcio Pedernales Manabí a un tema personal de José V. S. y consideró que al momento existen personas que quieren “torpedear” un proyecto sobre el cual solo puede referirse la empresa contratante y no un ministro. (I)