Fiscalía continúa, la mañana de este viernes, con la presentación de las pruebas que mantiene para acusar del delito de lavado de activos en audiencia de juzgamiento a María Sol Larrea, exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); a su esposo, Marcelo E.; a su cuñado, Carlos E.; y a siete personas jurídicas. Esta es la tercera jornada de audiencia, una vez la misma se inició el 11 de noviembre pasado.

A decir de Fiscalía, Larrea, junto con su esposo y cuñado obtuvieron contratos por aproximadamente $ 91,1 millones entre el 2008 y el 2018. El principal cliente de las compañías que constituyeron los ahora procesados fue el IESS, seguido por coordinaciones zonales de Salud y el Ministerio de Salud Pública.

Durante el inicio de la audiencia, la Fiscalía explicó al Tribunal de Juzgamiento que los procesados habrían creado una fachada, colocando dinero en el sistema financiero nacional, fondos que habrían sido transferidos entre las cuentas de las empresas involucradas, simulado que los mismos provenían de proveedores y clientes.

La exfuncionaria del Seguro Social ocupó entre 2008 y el 2015 altos cargos públicos: entre 2008 y 2013 fue directora general del Hospital Carlos Andrade Marín y coordinadora nacional de Gestión de Unidades Médicas del IESS; mientras que del 2013 al 2015 fue asesora de Despacho y coordinadora general de Planificación del Ministerio de Industrias y Productividad.

El artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el delito de lavado de activos con una pena privativa de libertad de uno a trece años, dependiendo de los montos que hayan sido lavados, si ha existido asociación para delinquir o si el delito ha sido cometido utilizando empresas, instituciones públicas o dignidades, cargos o empleos públicos.

La semana pasada, la recién creada Unidad de Recuperación de Activos de la Procuraduría General del Estado (PGE) realizó en el cantón El Empalme, provincia del Guayas, el embargo sobre los derechos y acciones en ocho solares que suman una superficie de 1 900 m2 que estaban a nombre de María Sol Larrea, y su esposo.

Los bienes, los cuales se ubicaban en el barrio Teca, cantón El Empalme, fueron recuperados dentro del proceso por enriquecimiento ilícito en el que fue sentenciada la exservidora pública. En la zona se conocía que en los lotes de terreno se pensaba construir una clínica privada.

Dentro de esta misma causa, también se ejecutó el embargo de los derechos y acciones que Larrea tenía sobre un consultorio en el edificio Torre Médica 2, de Guayaquil.

La Procuraduría como parte de las acciones que mantiene sobre Larrea por las sentencias emitidas por casos de corrupción, en la causa por enriquecimiento ilícito ya ha completado los cuatro pasos para el embargo y retención de activos por el valor de $ 3.6 millones, que es el monto de la reparación económica establecidas en la causa penal a favor del IESS ($ 1.4 millones), el Ministerio de la Producción ($ 1.2 millones) y el Estado ecuatoriano ($ 1 millón).

La diligencia de juzgamiento por el delito de lavado de activo se realiza en una sala del Complejo Judicial Norte, en Quito. (I)