Fiscalía abrió 120 expedientes investigativos por presuntos delitos contra la administración pública.

Punto Noticias. Con la finalidad de verificar si se cometieron irregularidades y establecer si las adquisiciones efectuadas eran necesarias o no y si cumplían con los pasos legales establecidos, Contraloría examina 277 contrataciones realizadas durante la pandemia.

Hospitales del Ministerio de Salud, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Policía y gobiernos locales, figuran en la lista, cuyos contratos son rastreados desde la entidad de control, desde el 16 de marzo, cuando estalló la pandemia, al 30 de septiembre.

Según información oficial de la CGE, se establecieron 29 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP), que fueron remitidos a Fiscalía General, para que se inicien acciones. Hay ocho casas de salud de Quito, Guayaquil e Ibarra, además de seis entidades municipales, provinciales y dos gubernamentales.

Los posibles delitos tienen que ver con los precios establecidos para comprar insumos médicos, mascarillas, trajes de bioseguridad, alcohol, gel antibacterial, fundas para cadáveres, pruebas para detectar covid-19, medicamentos, máquinas de desinfección y kits de alimentos.

En la Empresa Agua de Quito (EPMAPS) se detectaron irregularidades en los procesos para contratar servicios para desinfectar sus instalaciones, según documentos judicializados que mostrarían que la entidad pagó 59 centavos de dólar en exceso por cada metro cuadrado del área que entraba a desinfección.

El precio total tuvo una “diferencia no justificada” del 269 %, según los investigadores, quienes sostuvieron que los funcionarios a cargo de la compra no alertaron que en las bodegas sí había existencias de productos químicos para la limpieza, como hipoclorito de sodio.

Los hospitales Guasmo Sur y Los Ceibos, de Guayaquil, también tienen IRP, por anomalías en cuanto al precio de las fundas para cadáveres. En el del Guasmo se determinó que el sobreprecio fue de 1.283 %. Por el contrato se pagaron USD 43.578.

El porcentaje del sobreprecio en el de Los Ceibos llegó a 1.311 y se pagaron USD 594.000. Según los auditores, ambas adquisiciones no debían superar los USD 46.910. Las indagaciones determinaron que esos insumos tampoco cumplían las características técnicas necesarias. Además, se dijo haber beneficiado a los vendedores y que se incumplieron los parámetros de la Ley de Contratación.

También hubo hallazgos en el Hospital General de Ibarra, donde se compraron insumos médicos, equipos de bioseguridad, bolsas para cadáveres y medicamentos.

Los datos de estas tres casas de salud ya están en poder de la Fiscalía General, que confirmó que ha abierto 120 expedientes por presuntos delitos contra la administración pública, como peculado, asociación ilícita, tráfico de influencias, defraudación tributaria y alteración de evidencias.

109 casos siguen en la primera fase de indagación y 11 han pasado a la etapa de instrucción fiscal. 380 personas son investigadas, 85 están procesadas penalmente y hay 55 detenidos, según la fiscal general, Diana Salazar, quien declaró que el sistema de contratación en Ecuador es permeable, según las conclusiones de las investigaciones.

El coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Germán Rodas, señaló que, en mayo pasado, presentó al ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, 23 procesos de contratación de insumos médicos en siete hospitales de la red estatal, en donde se habrían encontrado sobreprecios. Para Rodas, “estos casos se ejecutaron en complicidad con 11 proveedores y quienes dirigían esas casas de salud”. La información también fue remitida a la Contraloría General.

La Secretaría de Salud de Quito es otra entidad intervenida por el ente de control, que detectó irregularidades en la compra de 100.000 pruebas PCR de covid-19. En este caso, la Fiscalía formulará cargos penales el próximo 21 de octubre. Siete personas son señaladas por el presunto delito de peculado.

Fuente: Contraloría, Fiscalía, El Comercio.