Fiscal en Brasil para analizar cooperación en caso Odebrecht

El «acuerdo de leniencia» (delación premiada o colaboración eficaz para personas jurídicas) firmado, en diciembre de 2016, por representantes de Odebrecht y el Ministerio Público de Brasil, que incluía seis meses de confidencialidad de la información dada por 77 exdirectivos de la constructora a la justicia brasileña, terminaba hoy, pero podría alargarse ante la posibilidad de ampliación prevista en el mismo acuerdo.

El viernes último, el procurador General de Brasil, Rodrigo Janot, solicitó al Supremo Tribunal Federal de ese país que se «mantenga» el «secreto» de «todas las pruebas» referentes a actos de corrupción de Odebrecht ocurridos fuera de Brasil.

De aceptarse el pedido y para evitar «eventuales perjuicios» a las investigaciones en cada país, no podría existir una «divulgación pública» del contenido de las delaciones sobre esos hechos. Así señala el oficio enviado, el 26 de mayo último, desde el Ministerio Público de Brasil a los líderes de las Fiscalías de ocho países, entre ellos Ecuador.

Aunque oficialmente se ha anunciado que desde hoy la oficina del procurador Janot compartirá información con los países que han enviado solicitudes de cooperación internacional, el diario brasileño Folha de Sao Paulo, sostiene que la misma solo podrá ser enviada a los fiscales de países que firmaron acuerdos con Odebrecht y sus delatores o que asumieron el compromiso ante las autoridades brasileñas de no procesar civil y penalmente a Odebrecht y directivos que firmaron el acuerdo con Brasil.

Según un comunicado del Ministerio Público de Brasil, Janot basó su pedido a la Corte Suprema en la Convención contra la Corrupción, también llamada Convención de Mérida, la cual establece que «el Estado Parte requiriente podrá exigir que el Estado requerido mantenga el secreto sobre la existencia y el contenido de la petición».

Pese a que la primera semana de mayo último, el ahora exfiscal general Galo Chiriboga esperaba que esté terminada la última parte del texto para alcanzar un acuerdo de «cooperación eficaz» con Odebrecht, el fiscal entrante Carlos Baca, en su primera reunión con los medios el 15 de mayo pasado, aseguró que ese proceso debe ser analizado.

Para él, tres aspectos debían ser revisados: no resignar la competencia que tiene la Fiscalía en la investigación, establecer la conveniencia de suscribir un convenio de cooperación con Odebrecht y la oportunidad de firmar o no el acuerdo, pues a ese momento el fiscal pensaba que en junio Brasil haría pública información de este caso.

Baca desde el martes último está en Brasil donde espera tener reuniones para establecer acuerdos de cooperación dentro de lo que él denomina un caso que debe ser visto como un crimen organizado transnacional. En la cita el fiscal buscaría definir además los mecanismos de entrega-recepción de los documentos que proporcione la justicia brasileña.

El fiscal Orlando Martello, quien es parte del equipo que investiga a Odebrecht en el caso Lava Jato en Brasil, aclaró al medio peruano Convoca que la Secretaría de Cooperación Jurídica Internacional de Brasil «solamente podrá enviar información a otros países si hay un compromiso de no usar los documentos presentados por la propia empresa, por los colaboradores y adherentes del acuerdo, contra ellos, ya sea en el ámbito civil o penal».

Para no depender solamente de información externa en este caso, César Montúfar, quien ha presentado una denuncia para que se investigue los sobornos del grupo brasileño en Ecuador, cree que es «fundamental» que la Fiscalía llegue a un acuerdo con Odebrecht para así tener una información precisa que encause las investigaciones en el país.

Después de Brasil, República Dominicana es el país que ha firmado un acuerdo con Odebrecht. Es en este último país el lunes pasado se detuvo a 14 personas, entre ellas legisladores en funciones, los cuelas son acusados de recibir sobornos por parte de la constructora brasileña. Colombia y Perú son países que trabajan también en acuerdos con Odebrecht.

Ft: El Universo