Fernando Castro, Marco Cano, Luis Orozco y Patricio Guadalupe son los nuevos procesados en la instrucción fiscal que investiga el asesinato del policía Froilán Jiménez y los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortéz, durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. La mañana de este jueves se realizó la audiencia de vinculación en la que la Fiscalía formuló cargos contra todos.

Los cuatro vinculados se suman a los cinco oficiales en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas que ya venían siendo investigados en la instrucción fiscal abierta inicialmente por el delito de homicidio: Luis Castro, Paúl Guzmán, Jorge Merino, Jorge Peña y Hegel Peñaherrera. Estos cinco oficiales habrían cumplido varias funciones durante la denominada Operación Rescate en el hospital de la Policía, en Quito, que estuvo a cargo de las FF. AA. entre la tarde y noche de ese 30-S.

Castro fue el director del operativo militar para sacar del hospital de la Policía al entonces presidente Rafael Correa; Peña fue el director de Operaciones del Comando Conjunto de las FF. AA.; Peñaherrera fue el comandante de la Primera División Shyris; Guzmán fue el comandante del Grupo Especial GEO; y Merino fue el comandante del Grupo Especial de Comandos.

El martes último, la jueza de Pichincha, Luz María Ortíz, dio paso a la reformulación de cargos solicitada por la fiscal Claudia Romero. Desde ese momento en la causa que investiga se dejaba de investigar el delito de homicidio y se pasó a analizar un asesinato cometido bajo la modalidad de ejecución. A los 90 días de instrucción fiscal se le suman 30 días más, es decir, la esta etapa procesal concluirá a los 120 días.

Según el abogado de la familia Jiménez Granda, Edwin Romero, los cuatro vinculados son servidores militares en servicio activo que habrían estado presentes en la intervención al hospital de la Policía en la tarde y noche del denominado 30S.

«Algo novedoso que mencionó la Fiscalía es que se han recabado elementos de convicción y sobre todo la asistencia penal internacional, en lo que corresponde a pericias, se aproxima o vamos a dar con el autor material que mató a Froilán Jiménez Granda el 30 de septiembre del 2010», explicó la defensa de la familia del cabo de policía que era parte del Grupo de Intervención Rescate (GIR).

Washington Andrade, abogado de los vinculados, calificó de injusto el que se los incluya en una investigación en la que ha transcurrido más de diez años y no se ha determinado la participación de las personas a las que se les está vinculando.

«Fiscalía lo que ha hecho es básicamente solicitar la vinculación para tener un poco más de tiempo, es decir, en 30 días se pretende hacer lo que no se ha hecho en tanto tiempo. Nosotros hemos analizado la información, los informes, las versiones y no amerita la vinculación de estos oficiales, que lo único que hicieron es cumplir con su deber constitucional y reglamentarios de concurrir a un operativo por disposiciones superiores, para rescatar al presidente», apuntó. (I)