Contradicciones sobre una medida de protección que impide que se pidan textos escolares
Existen contradicciones entre si se exige o no comprar libros escolares a estudiantes de instituciones educativas durante este año lectivo que se desarrolla de forma virtual.
Decenas de denuncias en contra de algunos planteles particulares por la exigencia de compra de textos escolares fueron receptadas por el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG).
Esta entidad dispuso medidas de protección para obligar a los planteles a que no exijan la compra de estos textos escolares.
“Según el Acuerdo Ministerial 00038 A que estableció el Ministerio de Educación, expedía la norma para regular la implementación de la educación abierta en el sistema nacional de educación, entonces las entidades educativas estarían incumpliendo precisamente este acuerdo y memorando respectivo”, afirmó Vicente Torres, secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil.
En esta resolución se ofició al Ministerio de Educación para, según el funcionario de esta entidad, que tomen los correctivos necesarios y, en caso de ser pertinente, dispongan sanciones correspondientes.
Mientras, la subsecretaria de Educación de la Zona 8 indicó que no hay disposición legal en la que se prohíba que los planteles pidan libros. “Ese comunicado que pone la junta cantonal habla de un memorando que ya no existe, porque hay otro memorando que se emitió el 22 de julio de 2020, en el que sí se permite la compra de libros”, afirmó.
Asimismo, señaló que están recibiendo denuncias, pero que en la actualidad el Ministerio ha suspendido los plazos legales por el COVID-19, es decir, se realiza la investigación, pero no se da el proceso sancionatorio hasta que se habiliten los términos legales.
La funcionaria aclaró que solo si reciben denuncias por casos de delitos sexuales se encuentran obligados a actuar de forma inmediata.
Denuncias de padres
“Me notificaron por grupo de WhatsApp que ya tenían que haberse comprado los libros porque nos habían dado suficiente tiempo”, lamentó Esperanza Caisaguano.
De igual manera, otra madre de familia que prefirió reservar su nombre se quejó por estas medidas que está tomando el colegio. “No están obligando a comprar un libro de inglés que cuesta $50 y nos comentaron que no se puede trabajar con copias. Hay padres que estamos sin trabajo y no tenemos para comprar estos textos escolares”, dijo.
Protesta para pedir que se cumpla con la reducción de hasta el 25 % en pensiones
Continúan los reclamos en Quito y Guayaquil por parte de los padres de familia por la reducción en las pensiones que los establecimientos educativos no han cumplido.
Según la Ley Orgánica de Ayuda Humanitaria, en su art. 3, establece que instituciones educativas otorgarán rebajas de hasta 25 % a los representantes de los alumnos, de acuerdo con la justificación que presenten, en la que demuestren haber perdido su empleo o de forma proporcional si han disminuido sus ingresos.
“Acá en el colegio no nos han bajado las pensiones, actualmente yo estoy desempleada. Dónde nos podemos quejar para que tomen medidas de las disposiciones que dan las autoridades”, reclamó una madre de familia.
En la ciudad de Quito, padres de familia del colegio San Gabriel piden la reducción del 25 % de las pensiones.
Falta aproximadamente un mes para que se inicie el año lectivo en el régimen de la Sierra y Oriente, pero en los últimos días en Quito, padres de familia han realizado protestas en los diferentes planteles educativos particulares para solicitar a las autoridades de estos establecimientos que se aplique la Ley Humanitaria con respecto a la educación.
Por eso, los padres de familia del colegio San Gabriel, con pancartas y pitos, realizaron un plantón en los exteriores del plantel para solicitar a los directivos de esta institución la reducción de las pensiones.
Pablo Cordero, vocero de los padres, señaló que el pedido del descuento del 25 % lo solicitan porque algunos padres han sido despedidos de sus trabajos o sus salarios han sido reducidos debido a la emergencia sanitaria, por eso piden que las autoridades se solidaricen con los padres.
Además, en el último acuerdo ministerial se establece que las pensiones en la modalidad de educación abierta serán del 65 % y la de en casa del 30 %. Esto regirá en la Costa en el segundo quinquemestre. (I)
