Ejecutivo pulverizó los derechos de los trabajadores, asegura Fernando Ibarra
Existe una presión empresarial que busca un segundo feriado bancario contra los trabajadores, porque esta vez son indemnizaciones las que no quieren pagar, agregó.
Fernando Ibarra, integrante del Parlamento Laboral, destacó que el Ejecutivo, con su veto a la Ley de Apoyo Humanitario donde se interpretaba el artículo 169 del Código de Trabajo que habla de los despidos sobre fuerza mayor, lo único que hace es pulverizar el derecho de los trabajadores, pues con esto permitirá que los empresarios por cualquier pretexto desvinculen a su personal sin indemnizaciones.
“Es una conducta miserable y atraco contra los trabajadores, son miles de millones de dólares en indemnizaciones que no pagarán”.
Indicó que frente a la actuación del Gobierno Central, la Asamblea Nacional tiene dos caminos el allanarse al veto o ratificarse en su texto original donde de algún modo se impide que los empresarios hagan trampa para no pagar indemnizaciones, pero para este último tema, recordó, se necesitan 90 votos: “Y existe una presión empresarial que busca un segundo feriado bancario contra los trabajadores, porque esta vez son indemnizaciones las que los empresarios se quieren atracar”.
El dirigente sindical advirtió que los trabajadores estarán alerta de la actuación de los legisladores, pues en caso de allanarse al veto del Ejecutivo, simplemente devolverán a los trabajadores a la época de la esclavitud.
“Todos los trabajadores tenemos que concientizarnos, esto rompe todos los contratos colectivos, individuales y generan una precariedad brutal, es un problema de todos públicos y privados y tenemos que acudir a las convocatorias”.
Ibarra informó que el lunes las organizaciones sindicales y sociales presentarán una demanda a la Corte Constitucional para que derogue esta normativa por ser regresiva en derechos y además denunciarán penalmente al presidente de la República, Lenín Moreno, y el ministro de Finanzas, Richard Martínez, por el desacato a la sentencia sobre el aporte obligatorio del 40% del Estado a los aportes jubilares.