Existen varias razones por las que algunos establecimientos fijan un precio mínimo para los pagos con tarjeta. Una de las principales razones es que las compañías procesadoras de tarjetas de crédito y débito cobran una comisión por cada transacción que procesan. Esta comisión puede ser un porcentaje del monto total de la compra o una tarifa fija por transacción, lo que puede resultar en un coste significativo para los establecimientos, especialmente si se realizan muchas transacciones pequeñas.

Otra razón por la que algunos establecimientos pueden fijar un pago mínimo con tarjeta es porque prefieren recibir pagos en efectivo, ya que esto les permite evitar las comisiones de las compañías procesadoras de tarjetas y tener un mayor control sobre su flujo de efectivo. Además, algunos establecimientos pueden tener políticas de pago mínimo con tarjeta para garantizar que los clientes no utilicen la tarjeta de crédito o débito para realizar compras de bajo valor que no les resulten rentables.

Depende del establecimiento

Aunque los establecimientos tienen el derecho de establecer un rango para los pagos con tarjeta, es posible que estén incumpliendo las normativas de las tarjetas Visa o Mastercard.

Estas empresas exigen a los comerciantes que acepten sus tarjetas que no impongan un mínimo para realizar pagos con ellas. Si en la entrada del establecimiento hay una pegatina que indica que aceptan estas tarjetas, entonces están obligados a aceptarlas sin establecer un monto mínimo. De lo contrario, estarían violando los términos y condiciones de su contrato con la empresa procesadora de tarjetas, lo que podría dar lugar a consecuencias negativas, como la imposición de multas o la suspensión del uso del datáfono.

Además, si los clientes se ven obligados a realizar gastos adicionales para cumplir con el precio mínimo, pueden sentirse presionados o engañados. Esto puede hacer que los clientes no vuelvan a visitar el establecimiento y, por tanto, puede tener un impacto negativo en la rentabilidad del negocio a largo plazo.

Así que, aunque los establecimientos tienen el derecho de establecer el precio que quieran, es importante que cumplan con las normativas de las empresas de tarjetas y consideren cómo puede afectar esta práctica a la experiencia del cliente.

Deben avisar previamente

Las empresas que tienen una alta facturación o un margen de beneficio amplio, no suelen requerir un coste mínima, ya que pueden asumir los cargos que se les imponen por procesar pagos con tarjeta. Sin embargo, en el caso de pequeños negocios o aquellos que tienen un margen de beneficio bajo, suelen imponer un mínimo para pagar con tarjeta, ya que los costes asociados con el procesamiento de pagos electrónicos pueden superar los beneficios obtenidos de la venta. Otros negocios, por otro lado, permiten pagos con tarjeta sin restricciones con el fin de fidelizar a los clientes, lo que puede compensar el coste adicional que conlleva.

Es importante tener en cuenta que los establecimientos no pueden aumentar el precio de sus productos o servicios por el hecho de aceptar pagos con tarjeta. Según la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), los establecimientos deben informar de manera visible sobre el precio mínimo de compra que aceptan cuando se pagan con tarjeta. De esta manera, los consumidores pueden tomar una decisión informada antes de realizar su compra. En caso de no haber ningún cartel que no anuncie, el cliente estará en su derecho de pagar con tarjeta con el importe que sea.

No se puede cobrar un extra

En España, está prohibido cobrar un recargo o comisión adicional a los clientes por el hecho de pagar con tarjeta de crédito o débito. Esta práctica se considera ilegal y es sancionable por la Ley de Servicios de Pago. Según esta ley, los comercios y establecimientos no pueden imponer un recargo adicional en el precio de los productos o servicios por el uso de tarjetas bancarias como forma de pago. La razón de esto es que el uso de las tarjetas de crédito o débito se considera una forma normal y legítima de realizar transacciones comerciales, y por tanto, los costes deben ser asumidos por el comerciante como parte de los gastos operativos normales del negocio.

Además, esta práctica puede ser considerada una cláusula abusiva en el contrato entre el comerciante y el cliente, ya que se trata de una restricción unilateral e injustificada del uso de la tarjeta como medio de pago.