El Presidente también dijo que el gobierno recibe a diario críticas, “especialmente de los que están más lejos de la gente, de aquellos que no soportan un nuevo país en el que no son los protagonistas”.

Estas son las siete preguntas de la consulta popular 2025 a las que hay que contestar sí o no, y el contexto de cada una en Ecuador.

Pregunta 1

¿Está usted de acuerdo en eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares en el territorio nacional, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

Las bases militares extranjeras son instalaciones operadas por fuerzas armadas de otro país, que se establecen en territorio nacional mediante acuerdos bilaterales.

En 1999, Ecuador y Estados Unidos firmaron un convenio de cooperación que permitió a tropas estadounidenses operar desde la base aérea ecuatoriana Eloy Alfaro, ubicada en Manta, en la costa del Pacífico. No fue una base militar extranjera construida desde cero, sino una cesión parcial de uso de una infraestructura militar nacional.

Allí, la Fuerza Aérea Ecuatoriana mantenía el control y seguridad.

En 2007, el entonces presidente Rafael Correa decidió no renovar el convenio, argumentó que permitir el uso de una base nacional por tropas extranjeras equivalía a una cesión de soberanía.

En 2008, con la nueva Constitución, se prohibió la existencia de bases militares extranjeras o la cesión de bases nacionales a fuerzas extranjeras. El 18 de septiembre de 2009, las tropas estadounidenses abandonaron oficialmente la base de Manta y  desde entonces, Ecuador no ha permitido la presencia permanente de fuerzas extranjeras en su territorio.

Pregunta 2

¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

En el Ecuador las campañas políticas se financian por tres fuentes: el fondo público de promoción electoral, el fondo público partidario permanente, y los aportes privados, es un sistema mixto de financiamiento que tienen reglas, usos y prohibiciones.

Según el artículo 115 de la Constitución, esto es para garantizar la participación equitativa e igualitaria. Es decir, que los candidatos más ricos no tengan ventaja.

El fondo de promoción electoral es asignado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). El último, aprobado el 30 de diciembre de 2024 para las elecciones generales 2025 fue de 13,9 millones de dólares.

En el referéndum constitucional de 2021, el entonces presidente Guillermo Lasso propuso endurecer los requisitos para que un movimiento político pueda existir legalmente. Para esto, proponía un número mínimo de afiliados y llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el CNE. Pero ganó el no.

Pregunta 3

¿Está usted de acuerdo con eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y transferir sus deberes y atribuciones a la Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Contraloría General del Estado, enmendando la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

Cuando se creó en 2008, el CPCCS fue diseñado para operar de manera independiente, sin influencias externas, en el ámbito de la participación ciudadana. Su objetivo era promover la participación de los ciudadanos en el control y supervisión de la gestión pública.

Pero en la práctica no ha sido así. Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, le dijo a elyex en 2024 que mientras el CPCCS tenga el poder de designar autoridades, siempre será “el botín” de los partidos políticos.

En el referéndum de 2021 , el presidente Lasso propuso que el CPCCS no pueda designar autoridades y que se cambie la manera cómo se elige a sus miembros. Pero en las dos preguntas ganó el no.

Pregunta 4

¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección, enmendando la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

En 2025, Ecuador tiene 151 asambleístas. Pero el número de legisladores aumenta en cada proceso electoral y el número varía dependiendo del censo poblacional. El último, de 2022, determinó que somos 16.938.986 habitantes, por lo que el Consejo Nacional Electoral aprobó el incremento de 14 asambleístas provinciales para las elecciones generales 2025.

El Código de la Democracia dice que la Asamblea Nacional se integrará por quince asambleístas nacionales, dos asambleístas por cada provincia o distrito metropolitano, y uno más por cada 200 mil habitantes.

Reducir el número de legisladores ya fue una cuestión planteada por Lasso en el referéndum de 2021 , quien propuso reducir sus miembros bajo el argumento de mejorar la representatividad y la calidad legislativa.

Lasso propuso reducir la Asamblea bajo los siguientes criterios: 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta provincial adicional por cada 250 mil habitantes, 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes y 1 asambleísta por cada 500 mil habitantes que residan en el exterior.

Pero ganó el no.

Pregunta 5

¿Está usted de acuerdo con permitir la contratación laboral por horas, únicamente para el sector de turismo, siempre que se trate de la primera relación laboral, garantizando los derechos laborales y respetando los derechos adquiridos de los trabajadores, enmendando la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

El artículo 327 de la Constitución de 2008 prohíbe toda forma de precarización laboral e incluye la contratación laboral por horas.

En 2024, la consulta popular y referéndum de Daniel Noboa propuso enmendar la Constitución y reformar el Código de Trabajo para regular los contratos de trabajo a plazo fijo y por horas. Pero ganó el no con más del 68%.

En una entrevista el mismo día que Noboa publicara las preguntas de la consulta popular, la ministra de Trabajo, Ivonne Nuñez explicó que se cumplirían con todas las obligaciones del empleador: afiliación al seguro social, pago de décimos y vacaciones. Siempre y cuando sea su primer contrato en el sector turístico, dijo Nuñez.

El sector turístico es una fuente de ingresos importante para el Estado. Según ONU Turismo, Ecuador tuvo un crecimiento del 17 % en llegadas internacionales en comparación con el 2024 y está en el puesto 15 a nivel global en crecimiento de turismo receptivo. Según el Ministerio de Turismo, las ventas en actividades turísticas aumentaron en 169,8 millones de dólares entre 2024 y 2025.

Pregunta 6

¿Está usted de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político, enmendando la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

Según el artículo 431 de la Constitución, los miembros de la Corte Constitucional no estarán sujetos a juicio político. Pero tienen los mismos controles que el resto de autoridades públicas y deben responder por sus actos u omisiones.

En caso de responsabilidad penal, los jueces constitucionales sólo pueden ser acusados por el Fiscal General y serán juzgados por el pleno de la Corte Nacional de Justicia. Su destitución es decidida por las dos terceras partes de los integrantes de la Corte Nacional de Justicia.

El abogado constitucionalista Gonzalo Muñoz dice que es falso que los jueces constitucionales no tienen control. “Tienen un control en el caso de que cometan un delito en materia penal y por supuesto también un control en el caso de responsabilidad civil que puede ser determinado incluso por la propia Contraloría General del Estado”.

El ex juez constitucional Hernán Salgado dijo en una entrevista con el canal Ecuavisa que la propuesta de Noboa “es un grave error”.

“Es volver al siglo XIX, diría yo. No se puede a un juez someter a un juez a juicio político, menos el juez constitucional. Cómo va a ser objetivo de presiones. Imposible. Eso es antidemocrático. Eso es un autoritarismo graso”, dijo Salgado.

La propuesta del Presidente se da en un contexto en que la Corte Constitucional suspendió parcialmente tres leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, impulsadas por Daniel Noboa: la Ley de Solidaridad Nacional, dirigida a combatir la economía criminal; la Ley de Inteligencia, que regula las funciones del Sistema Nacional de Inteligencia; y la Ley de Integridad Pública, que busca fortalecer procesos de contratación.

Pregunta 7

¿Está usted de acuerdo con permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados con cinco estrellas, quienes entregarán al Estado un tributo del veinte y cinco por ciento (25 %) de sus ventas por esta actividad, para el financiamiento de programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil y de alimentación escolar, conforme la Asamblea Nacional lo regule mediante ley?

En 2011, el entonces presidente Rafael Correa hizo un referéndum y consulta popular. Una de las preguntas era: ¿Está usted de acuerdo que en el país se prohíban los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego?. En esta pregunta ganó el sí con el 45.76% y desde entonces están prohibidos los casinos en Ecuador.

Según el entonces presidente Correa, el objetivo era crear “un ambiente más sano” para los jóvenes y evitar que por “el vicio del juego” un padre de familia pierda su salario.

Después de los resultados de la consulta, en 2011, el entonces vicepresidente de la Asociación de Casinos y Bingos del Ecuador, Jorge Castro, afirmó que los 32 casinos del país eran controlados por la Unidad de Análisis Financiero. Castro también dijo que los casinos “legalmente constituidos” aportan 12 millones de dólares anuales al Estado y  funcionan bajo el Reglamento de Casinos y Bingos.

Los casinos en línea, con base en Ecuador, también están prohibidos. Pero los jugadores ecuatorianos pueden apostar en plataformas extranjeras que operan con licencias internacionales.

En 2024, en la propuesta original para la consulta popular y referéndum de Noboa había una pregunta con la que se proponía permitir el funcionamiento de casinos y otros negocios de juegos de azar. Pero Noboa la retiró antes de que las preguntas llegaran a la Corte Constitucional.