Estamos viviendo en un Estado donde no existe seguridad jurídica, sino terror judicial, agregó.

Carlos Luis Sánchez, abogado de Carlos Luis Morales, dijo sentirse sorprendido por la actuación de Fiscalía que en 72 horas y sin una investigación previa, elevó denuncias basándose en una nota periodística.

Recordó que el mismo día en que el Prefecto del Guayas recibió la formulación de cargos ante el presidente de la Corte Provincial de Justicia, la Fiscalía elevó un reclamo airado ante los medios de comunicación denunciando que el juez no actuó en derecho, en lugar de interponer un recurso de apelación: “Es muy grave”.

“Al día siguiente el Consejo de la Judicatura publicó un comunicado de prensa en el que hace saber que inició un sumario administrativo al presidente de la Corte Provincial por otro hecho y además condena su forma por actuar por permitir al Prefecto defenderse en libertad”.

Indignado, el jurista, resaltó que estas acciones no son normales, pues a su criterio existe una injerencia en la administración de la justicia penal. Con esa base lamentó que Fiscalía, al parecer, trabaje para las cámaras, refiriéndose a los medios de comunicación: “Parece que están en campaña”.

“El populismo penal es un cáncer para la democracia usualmente se lo ve en el papel de victimización a la defensa, pero ver en este papel a la Fiscalía es lamentable”.

A criterio de Sánchez, el país está viviendo en un Estado donde no existe la seguridad jurídica sino el terror judicial y lo ejemplificó con la denuncia de dos jueces en Guayaquil, que habrían afirmado ser intimidados por parte de Fiscalía: : “Durante estos operativos, han entrado a sus despachos y han exigido la tramitación inmediata de procedimientos de allanamietnos y detenciones, eso no lo hace eco la opinión pública”.

Tras el fallecimiento de Morales, el jurista indicó que aún queda tiempo para que concluya la instrucción fiscal donde se deberá determinar la configuración de circunstancias del supuesto tráfico de influencias y establecer responsables: «Hay 7 personas más contra quienes se han formulado cargos y entiendo que además hay otras personas, como la esposa del Prefecto y los hijastros que aún no han dado la cara dentro del proceso. La esposa compareció hace 15 días, solicitando que se revoque la orden de prisión (…) pero no ha sido dado de baja”.