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Según Pabel Muñoz, el nuevo proyecto de ley pone en riesgos los colegios de Quito.

El proyecto de ley económico urgente presentado por el Ejecutivo para obligar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a destinar al menos el 70% de sus presupuestos a inversión pública abrió un nuevo frente de debate entre autoridades locales y analistas. Desde Quito, el alcalde Pabel Muñoz advirtió que la propuesta podría afectar servicios municipales, empleo y autonomía administrativa y colegios.

Proyecto de ley fija límites al gasto corriente de municipios y prefecturas

La iniciativa busca que municipios, prefecturas y juntas parroquiales concentren la mayor parte de sus recursos en obras, mantenimiento y reposición de infraestructura, y reduzcan el gasto corriente al 30%.

El calendario de aplicación plantea metas progresivas: 60% en 2027, 65% en 2028 y 70% desde 2029. Para los GAD parroquiales rurales, el porcentaje parte en 50% y sube hasta 70% en 2030.

El texto añade un nuevo artículo al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) y condiciona las transferencias del Estado al cumplimiento de esa regla fiscal.

Advertencias en Quito sobre servicios municipales y empleo público

Muñoz sostuvo que la norma podría limitar la operación de áreas como salud, educación y atención social, al priorizar infraestructura sin contemplar —según su lectura— la contratación de personal que sostenga esos servicios.

El alcalde señaló que el impacto financiero para la capital podría bordear los 77 millones de dólares y forzar recortes laborales. También afirmó que los principales perjudicados resultarían los habitantes de Quito, por la reducción de programas y obras en los barrios.

Riesgo de cierre para colegios municipales como Benalcázar, Eugenio Espejo y Sucre

Dentro de sus reparos, Muñoz sostuvo que Quito administra 20 unidades educativas municipales y 13 Centros Municipales de Educación Inicial. A su criterio, con la redacción actual del proyecto varias de esas instituciones quedarían en riesgo de cierre.

Entre los ejemplos citados mencionó al Colegio Benalcázar, la UEM Eugenio Espejo y la UEM Sucre, y afirmó que suspender su funcionamiento tendría un impacto directo en miles de estudiantes.

Cuestionamientos al trámite en la Asamblea Nacional

Otra de las críticas se centra en el procedimiento acelerado del proyecto en la Asamblea Nacional. Para Muñoz, la aplicación prevista desde 2027 no justifica la figura de ley económica urgente.

También sostuvo que la propuesta impone reglas fiscales a los GAD que —a su criterio— el Gobierno central no replica en su propio presupuesto y que altera el concepto de inversión usado en la normativa vigente.

Posible encaje constitucional del trámite urgente

El abogado constitucionalista Edison Guarango señaló que la discusión no se limita al plano jurídico, sino que entra en el terreno presupuestario y financiero.

Desde esa óptica, consideró que la iniciativa cumpliría los requisitos formales para tramitarse como ley económica urgente y respetaría el principio de unidad de materia.

Guarango recordó que cifras del Banco Central del Ecuador ubican históricamente la inversión municipal entre 20% y 25%, porcentaje que —dijo— resulta bajo frente a demandas de repavimentación y obra pública.

Añadió que, si la nueva regla afecta rubros como nómina, salud o educación, la Asamblea podría introducir ajustes al porcentaje o fórmulas distintas para equilibrar inversión y gasto corriente.

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Riesgos para programas sociales en gobiernos locales

El analista en ejecución presupuestaria Mauricio Alarcón coincidió en que una regla rígida dentro de la ley puede generar complicaciones para los gobiernos locales.

Indicó que varias autoridades ya alertan posibles impactos en programas comunitarios, como proyectos deportivos en barrios del Guayas y servicios de cuidado infantil en otros cantones.

A su criterio, el debate no puede reducirse a una división simple entre inversión y gasto corriente, ya que este último cubre salarios de maestros, cuidadores y personal que sostiene servicios sociales.

Objetivo del proyecto de ley

El presidente Daniel Noboa presentó el proyecto el 28 de enero de 2026 con el argumento de que los recursos asignados a los GAD deben concentrarse en infraestructura y servicios públicos.

Al remitir la iniciativa al Legislativo, el Gobierno sostuvo que la reforma apunta a crear una regla fiscal con control y rendición de cuentas.

Transferencias estatales quedarían condicionadas al cumplimiento

La propuesta mantiene los porcentajes constitucionales mínimos de asignaciones solo para los gobiernos locales que no alcancen la meta: 15% de ingresos permanentes y 5% de ingresos no permanentes, como los provenientes del petróleo.

El Cootad, en cambio, fija actualmente que los GAD reciban el 21% de ingresos permanentes del Estado y el 10% de los no permanentes.

Proyecto delimita qué gastos se computan como inversión pública

El texto define qué rubros pueden contabilizarse dentro del 70% exigido. Entre ellos constan servicios básicos y generales ligados a obras, mantenimiento y reposición de activos públicos, arrendamientos, bienes de inversión, adquisición de medicamentos para consulta externa, fondos de reposición, obras públicas, transferencias de capital y bienes de larga duración.

Ese punto concentra parte del debate, ya que autoridades locales y analistas advierten que la definición podría dejar fuera gastos necesarios para sostener servicios sociales y educativos.