Entre tanto, jurista plantea que Asamblea Nacional debe iniciar juicio político y destituir a Pablo Celi.

Punto Noticias. La Fiscalía ordenó dos nuevas investigaciones penales, en el caso Pablo Celi, luego de recabar nuevos indicios, derivados de las versiones libres y voluntarias de Cumandá Guevara, viceprefecta de Pastaza, y Gonzalo Alulima, exgerente de un proyecto hídrico en Riobamba.

Guevara contó que funcionarios de la Contraloría General le contactaron para pedirle 250.000 dólares, con el fin de ejecutoriar un informe represado con responsabilidad administrativa en contra del prefecto de esa provincia, por nepotismo e irregularidades en contrataciones.

El informe de Contraloría fue emitido en 2013; desde entonces, la viceprefecta y delegaciones ciudadanas enviaron oficios a Pablo Celi, en ese entonces subcontralor general, para que haga cumplir la disposición e impida continuar en funciones al prefecto.

Celi nunca respondió y, en esas circunstancias, a la viceprefecta la contactó un funcionario de Contraloría para pedirle esa suma de dinero, quien le citó en Quito, a nombre de cinco directores del organismo de control.

El funcionario la informó que se habían encontrado los documentos represados, pero que tenía que pagar los 250.000 dólares para que estos salgan y que ella en un mes 10 días era la nueva prefecta de Pastaza.

Le cuestionó por qué tenía que pagar ese dinero, si Contraloría debía hacer su trabajo, a lo que le contestó que de la parte contraria se estaba pagando 100 mil dólares a cada director zonal y a ella pedían solo la mitad, porque estaba en lo legal. Le señaló que como parte del sistema, ella debía ya saber que este tipo de negociaciones suceden.

Cumandá Guevara narró que acudió al encuentro acompañada de su esposo y un primo para obtener la información y grabarlo. La grabación se intentó entregar a Celi, pero este no los recibió.

Mientras, Alejandro Vanegas, jurista, cree que, en este momento, la justicia está actuando de manera adecuada y correcta; es decir, ante las varias evidencias e indicios que se han ido recopilando ha ordenado la prisión preventiva para los procesados en este caso denominado ‘Las Torres’.

Considera que estas medidas cautelares deben mantenerse por la gravedad de los delitos, sancionados con penas de más de cinco años, por lo que los indiciados no podrían acogerse a ningún tipo de procedimiento especial que permita disminuir la pena.

En su opinión, la Asamblea Nacional debería actuar con celeridad para llamar a Celi a juico político, censurarle y destituirle. No puede estar un día más, a juicio de Vanegas, quien le conminó a Celi a renunciar.

Deploró que el órgano encargado de velar el uso adecuado de los recursos del Estado lo que ha hecho es constituir una estructura criminal, que ha extorsionado, ha cometido delitos de tráfico de influencias, concusión, cohecho y delincuencia organizada.

Sobre los exámenes especiales y glosas emitidas por Contraloría, ordenadas por Celi, el abogado plantea que debe analizarse cada una de estas. Las que se eliminaron o desvanecieron, por presiones políticas o por algún tipo de extorsión o acto ilícito, deben ser revisadas, porque carecen de validez, son nulas por completo, así como todos los informes con indicios de responsabilidad penal contra varios actores políticos, por intereses personales o partidistas, advierte Vanegas.

“Ecuador necesita justicia, pero justicia de verdad; necesita transparencia. No podemos tener autoridades de control con esos antecedentes; nos merecemos personas valiosas y mejores en estos cargos. El país lo que necesita es bienestar social, económico y seguridad jurídica. Y lamentablemente en los últimos años es lo que menos ha tenido”, reclamó el jurista.