«En términos generales podría yo decir que la gran mayoría de los sentenciados (en el caso Sobornos 2012-2016) están en capacidad de pagar (su reparación integral) con cargo a los bienes que poseen. Al Tribunal de Ejecución le corresponderá disponer el embargo de esos bienes y sacarlos a remate para con el dinero obtenido en ese remate pagar al Estado lo que le corresponde».

Esa es la conclusión a la que llega el procurador general, Íñigo Salvador, luego de que la institución que dirige recabó, en este último mes, información en registros de la Propiedad de cantones como Quito, Guayaquil, Esmeraldas, Santa Elena, Atacames, La Libertad, sobre bienes inmuebles que estarían a nombre de los 20 sentenciados por el delito de cohecho pasivo agravado.

Ayer, Salvador, en representación del Estado que fue la víctima de este delito, presentó ante el Tribunal de Juzgamiento del caso Sobornos, integrado por Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez, una petición de ejecución de sentencia. Lo que se busca es que los condenados cumplan con el «deber de resarcir al Estado por los daños causados», tanto de forma material como inmaterial.

El fallo de esta causa quedó ejecutoriado el 18 de septiembre pasado y en este se establecía el término de 30 días para que los culpables de cohecho cumplan la sentencia, entre ello, el pago de $ 14,7 millones como indemnización. Esos 30 días vencieron el jueves último, por lo que ayer fue el primer día hábil para que la Procuraduría General (PGE) presente su petición de ejecución.

Como autores mediatos por instigación los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas fueron sentenciados a ocho años de cárcel. La misma pena, pero como coautores, recibieron el exsecretario Jurídico Alexis Mera, los exministros María Duarte, Vinicio Alvarado, Walter Solís, y los exlegisladores Christian Viteri y Viviana Bonilla, además de nueve empresarios acusados de autores directos.

La exasistente Laura Terán y el empresario Alberto Hidalgo, vistos para la reparación integral como cómplices, recibieron un menor tiempo de cárcel, así como también la exasesora Pamela Martínez, quien junto a Terán fueron cooperadoras eficaces. Además, como pena económica el Tribunal impuso que los autores mediatos, directos y coautores paguen $ 778.000 y $ 368.000 los cómplices.

A decir de Salvador la presentación de esta petición no solo es el primer paso en la recuperación de activos del caso, sino que también es el primer acto de la Unidad de Recuperación de Activos creada hace poco por la Procuraduría. Según el procurador, esta unidad pretende actuar al «estilo comando» para dedicarse solo a este tipo de casos y a la ejecución de sus sentencias.

Para que el Tribunal tenga una información más concreta de los bienes inmuebles que poseen varios de los sentenciados, el documento entregado a la CNJ por la Procuraduría incluye información entregada por los registros de la Propiedad de los principales cantones del país, fundamentalmente de aquellos en los que los condenados registran sus domicilios.

De ahí se desprende que el expresidente Correa y su esposa tienen el usufructo vitalicio de una casa en un conjunto residencial en Quito y es copropietario de un departamento en un condominio en Guayaquil; o que Jorge Glas registra dos departamentos en un conjunto residencial en la capital y tiene el usufructo vitalicio con su esposa de tres inmuebles en Atacames (Esmeraldas).

Sobre las pensiones como exmandatarios que estos recibían, Íñigo Salvador refirió que la semana anterior el Ministerio de Economía y Finanzas le comunicó que esos pagos habían sido suspendidos. Esa disposición también hace parte de la condena.

Mera, en cambio, sería copropietario de un parqueo en un edificio en Guayaquil y dueño de un solar en la ciudadela Miramar, en Salinas; Duarte tendría una casa en Santa Elena; Alvarado registraría una propiedad y un lote de terreno en Quito, sería copropietario de un solar en Guayaquil y mantendría un contrato de compraventa de alícuota y entrega de obra en el cantón La Libertad.

También es parte de la información datos de los inmuebles de al menos siete de los diez empresarios sentenciados y de las dos cooperadoras eficaces: Martínez es propietaria de un departamento en Quito y copropietaria de un solar en Guayaquil y Terán que tiene con su esposo una casa en Quito. La Procuraduría anexó información facilitada por la ANT sobre los vehículos a nombre de los acusados.

La PGE concretamente lo que ha pedido al Tribunal es que se verifique si alguno de los condenados ha pagado ya la suma que le corresponde por concepto de indemnización al Estado. De determinarse quienes no han cancelado el tribunal deberá proceder con las órdenes de embargo respectivas sobre esos bienes para el cobro legal.

Extraoficialmente el procurador Salvador señaló que conoce que solo uno de los 20 procesados ha pagado la totalidad de la indemnización y aclaró que la mayor parte de los bienes reportados al Tribunal de la CNJ están a nombre de los sentenciados.

La Procuraduría solicitó además al Tribunal que señale día y hora para el cumplimiento de los actos simbólicos determinados en la sentencia: las disculpas públicas que los condenados deben dar en la Plaza de la Independencia, la publicación de la parte resolutiva de la sentencia en tres medios de comunicación, la colocación de la placa en el Palacio de Carondelet y el cumplimiento de las 300 horas de capacitación en temas relacionados con transparencia y ética laica en la gestión pública que deberán cursar los 20 sentenciados.

Debido a que la gran mayoría de los sentenciados están prófugos, Salvador cree que estas medidas específicas de orden simbólico tendrán que realizarse solo con quienes están a disposición de la justicia. Al ser el proceso de recuperación de estos activos complejo el procurador no se animó a estimar el tiempo que tomará concluir todo este proceso.

Bienes inmuebles reportados por Registros de la Propiedad a nombre de los procesados en el caso Sobornos 2012-2016:

* Rafael Correa: tiene un usufructo vitalicio de una casa en el conjunto residencial en Quito; copropietario de un departamento en un condominio en el cantón Guayaquil.

* Jorge Glas: dos departamentos en el conjunto residencial, en el cantón Quito; tiene el usufructo vitalicio con su esposa de tres inmuebles en el cantón Atacames.

* Alexis Mera: copropietario de un parqueo en un edificio en Guayaquil; dueño de un solar en la ciudadela Miramar, en Salinas.

* María Duarte: una casa en el lote 17 en el kilómetro 6 de la carretera Santa Elena-Manglaralto, en Santa Elena.

* Vinicio Alvarado: una propiedad en Cumbayá, un lote de terreno en El Quinche, en Quito; copropietario de un solar en Guayaquil; un contrato de compraventa de alícuota y entrega de obra en el cantón La Libertad.

* Walter Solís: copropietario de varios inmuebles con cuatro números de matrícula en Guayaquil.

* Christian Viteri: copropietario de un departamento en un condominio en Guayaquil.

* Viviana Bonilla: copropietaria de un parqueo en Guayaquil.

* Pamela Martínez: un departamento en Quito; usufructuaria y copropietaria de un solar en Guayaquil.

* Laura Terán: una casa en Llano Chico, cantón Quito.

* Pedro Verduga: copropietario y propietario de varios inmuebles con 34 números de matrícula en Guayaquil; un lote de terreno en el cantón Esmeraldas.

* Alberto Hidalgo: copropietario de un solar en Guayaquil.

* Víctor Fontana: un lote de terreno y un porcentaje de un lote con inmueble en La Merced, en el cantón Quito.

* Bolívar Sánchez: propietario de tres oficinas en Quito; copropietario de propiedades con cinco números distintos en el cantón Guayaquil.

* Édgar Salas: propietario del 25% en dos lotes de terreno, en Quito; propietario de un lote de terreno en Tonchigüe, cantón Atacames; y mantiene un lote de terreno en el cantón Esmeraldas.

* Ramiro Galarza: propietario de un terreno y su construcción y el usufructo de un lote de terreno en Cumbayá, cantón Quito

* Rafael Córdova: un departamento en La Floresta y dos lotes de terreno en el cantón Quito; propietario de un lote y fracción de otro en Chipipe, cantón Salinas.

En el informe no se habla de bienes inmuebles de los empresarios William Phillips, Mateo Choi o Teodoro Calle, también sentenciados en el caso Sobornos. (I)