En tres días de audiencia de juicio por el delito de peculado que habría ocurrido en la suscripción de un contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación del bloque Singue, la Fiscalía ha presentado, hasta las 16:00 de ayer, nueve testigos y dos peritos. La jornada de ayer es en la que más avanzó el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, con la presentación de la prueba pericial y testimonial.

La jornada del miércoles último arrancó con el testimonio de Franklin Paredes, un geólogo que habría realizado, con un equipo técnico, la primera interpretación de la información de la zona del bloque Singue en los años 1990-1991. Según Fiscalía, luego de la primera exploración se habría establecido la existencia de petróleo en el sitio, con 70 millones de barriles explotables, aproximadamente.

Juan Pablo Albán, abogado de Silvana Pástor, procesada y vicepresidenta administrativa de la contratista que opera el campo Singue, criticó al Tribunal por permitir que Paredes como un «testigo sorpresa» rinda testimonio cuando él no rindió versión durante la fase preprocesal ni en la instrucción fiscal.

«Se pretende introducir información que nunca fue parte de la investigación y que no estuvo en conocimiento de las defensas para poder preparar un contraexamen», dijo Albán, quien un día antes denunció que se permitió que seis peritos, que se encontraban conectados a la audiencia durante los alegatos de la Fiscalía, sigan siendo parte del juicio aun cuando la norma lo prohíbe expresamente.

También rindió su testimonio un exfuncionario de la Secretaría de Hidrocarburos, quien habría recopilado la documentación para la Décima Ronda Petrolera en 2012. Fiscalía resaltó que el testigo informó al Tribunal de la existencia de un reporte de la empresa Geotech que determinaba la existencia de una reserva de 4 millones de barriles de petróleo en el campo Singue.

Sobre este testimonio, la defensa de Silvana Pástor resaltó que este exfuncionario calificó al informe de interpretación sísmica de Geotech como «información no oficial» que proyectaba los 4 millones de barriles. Ante la pregunta de si ese documento era una certificación de reservas, según la defensa de Pástor, él habría respondido que no y que las reservas certificadas son las que constan en el Libro Nacional de Reservas, es decir, explicó Albán, 2,04 millones de barriles y no 4 millones de barriles.

Dentro de la teoría del fiscal Toainga, estos dos testimonios confirman que al momento de la negociación para la explotación del campo Singue existía el conocimiento de que las reservas eran mayores a los 2 millones de barriles, que fueron utilizados para definir la tarifa por barril explotado en este contrato.

El exministro coordinador de los Sectores Estratégicos Jorge Glas, los exministros Carlos Pareja Yannuzzelli y Wilson Pástor, la hija de este último, Silvana Pástor, y once personas más son acusadas por la Fiscalía de haber cometido el delito de peculado durante la adjudicación del campo Singue. (I)