En su plan de gobierno, el binomio por UNES plantea recuperar la democracia, el Estado plurinacional, la dignidad, el trabajo y una estructura económica.

Punto Noticias.- Proteger la dolarización, fortalecer la banca pública, disminuir las tasas de interés, reforma tributaria o recuperar la inversión estatal en sectores sociales, son algunas propuestas, en materia económica, del binomio por la alianza Unión por la Esperanza (UNES), conformado por Andrés Arauz y Carlos Rabascall.

En su programa de gobierno, el binomio presidencial, que en los comicios del pasado 07 de febrero obtuvo la mayoría de la votación con el 32.72%, como parte de sus propuestas económicas plantea democratizar el acceso a los recursos financieros mediante un fortalecimiento de la banca pública y las finanzas populares como motor de la inversión nacional.

En el documento que contiene 11 objetivos, los candidatos también proponen estabilizar el crecimiento y los niveles de producción agregada; así como proteger la dolarización, mediante instrumentos y políticas que gestionen la liquidez de la economía ecuatoriana.

Otro de los planteamientos en materia económica, es impulsar la transición hacia una economía pospetrolera, mediante la estimulación de la producción no petrolera con énfasis en sectores de valor agregado, procurando en ese proceso un incremento relativo de la participación de la manufactura y de las industrias con alta incorporación de conocimiento y tecnología.

Arauz- Rabascall proponen, además, realizar una auditoría integral de la deuda pública interna y externa.

Recuperar la inversión estatal en los sectores sociales, es otro de los objetivos que busca aplicar los presupuestos sociales sectoriales de acuerdo a las proporciones señaladas en la Constitución; así como recuperar y reconstruir la capacidad del sector público para brindar servicios esenciales y de calidad en las áreas de salud, educación, inclusión social, justicia y seguridad.

En cuanto a la economía de mercado, el binomio de la esperanza considera necesario que para reactivar la economía, los mercados sean verdaderamente dinámicos y menos explotadores, por lo que proponen rediseñar políticas de competencia que faciliten el acceso a los recursos productivos.

Asimismo, proponen disminuir, de manera generalizada, las tasas de interés activas en el país, en todos sus segmentos, con especial énfasis en los créditos a las microempresas que desempeñan actividades productivas, en detrimento del crédito de consumo suntuario.

Por otro lado, plantean implementar una reforma tributaria progresiva: que paguen más los que más riqueza tienen, elevar los niveles de liquidez en le economía a través de elevar el coeficiente de liquidez doméstica, incentivar la repatriación de capitales otorgando beneficios a los empresarios que lo hagan, poner los dólares en “cuarentena” evitando la fuga de divisas, salvaguardias cambiarias, sobretasas arancelarias.

Entre otras propuestas de carácter económico se encuentran:

Proteger a los sectores articulados a la economía popular y solidaria y fortalecer su posición en el mercado.

Impulsar especialmente a la agricultura familiar y campesina. Crear institucionalidad para la soberanía alimentaria, desarrollar una institucionalidad propia para la acuacultura y pesca, establecer una política nacional de comercialización, distribución y almacenamiento.

Desarrollar las fuerzas productivas con equidad territorial, desde una perspectiva de cadenas de valor.

Impulsar una agenda de la calidad que fomente el acceso a nuevos mercados de exportación y haga sostenible el consumo en el Ecuador.

Redirigir la liquidez a donde requiera la economía, a través de sobregiros, títulos del Banco Central, dinero electrónico con el fin de resguardar la dolarización y mantener sano el sistema de pagos.

Fortalecer los mecanismos de protección de los consumidores, con políticas como la extensión de la protección a la transparencia de los contratos; así como la prohibición de las cláusulas abusivas y la proscripción de las cláusulas de arbitraje.

Orientar la política económica y la política laboral hacia la recuperación y mejoramiento de los niveles de empleo.

Establecer como principio irrenunciable para cualquier negociación con los acreedores de la deuda pública la prioridad del trabajo digno.

Establecer un sistema masivo de créditos a tasas bajas paca desendeudar a las familias.

Revisar las políticas de subsidios con criterios de estrategia y justicia redistributiva (considerar que la focalización se centrará en sectores como la agricultura y el transporte).

Apoyar a la economía, dando prioridad al sector social y solidario: créditos sin interés, acceso preferencial a las compras públicas, aplicación de la Superintendencia de Control de Mercado (que obliga a la cadenas de supermercados a que al menos del 2S% de su compras sean productos de la EPS).

Fuente: Andrés Arauz