En referencia a la injerencia del poder ejecutivo boliviano en el sistema judicial, donde basta una orden del gobierno de facto para que el Fiscal General ejecute.

Punto Noticias.- Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realiza una reflexión en redes sociales de lo que sucede en el sistema de Judicial de Bolivia. Se basa en un editorial de Página Siete sobre como el poder del autoproclamado Gobierno que mete mano en la justicia.

“La falta de independencia judicial en Bolivia se ha profundizado como lo denuncia Página Siete. De ello también deriva riesgo a criminalización de defensores, opositores y periodistas; así como nulos resultados en investigar violaciones a derechos”, sentencia Lanza en Twitter.

En el editorial de Página Siete se hace referencia a la intromisión del poder ejecutivo del gobierno de facto en la justicia boliviana, de una manera descarada y visceral, que amenaza a los mismos jueces y fiscales de perseguirlos como a delincuentes, ha indicado el ministro de Gobierno Arturo Murillo.

Esto indica uno de los párrafos del editorial, “Murillo ha realizado una declaración muy peligrosa para el Estado de Derecho en años, dijo sobre jueces y fiscales que aparentemente no cumplen con la ley que “los vamos a perseguir como a delincuentes porque no merecen otra cosa, que piensen bien antes de beneficiar a un delincuente. Personalmente me voy a dedicar a perseguir a aquellos jueces o fiscales que estén buscando hacer daño a la ciudadanía boliviana liberando delincuentes. No vamos a permitir aquello”.

Otro de los relatos del editorial dice que prácticamente de un vicerazo el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, violando la ley, ordena en público al fiscal general Juan Lanchipa, y éste ejecuta de inmediato.

Este medio dice, que el ministro tiene que saber que no es nadie para “perseguir” a otro ciudadano. Para ello está el sistema judicial. Que un Ministro de Gobierno diga que perseguirá en persona, a quien él considere, es algo gravísimo, la sociedad se encuentra en riesgo con este tipo de declaraciones. Siempre todas las personas son inocentes hasta que se compruebe lo contrario, no al contrario. Para establecer si alguien ha cometido un delito debe ser sometido a un juicio justo, en el que se cumpla el debido proceso y se garanticen los derechos del sindicado y que jueces y fiscales actúen a base de la ley y su conciencia, no a presiones de ningún tipo.

Para finalizar su editorial, el medio Página Siete describe que “Son cada vez más evidentes los abusos judiciales de la actual administración contra sus adversarios, tanto que gracias a ello crece la idea internacional de que el actual es un régimen de facto, de tendencia fascista y que viola los derechos de las personas. Por eso, las actitudes de Murillo y otras autoridades no ayudan a su gobierno y a la presidenta Jeanine Añez, que trata de tener una imagen tolerante y amable. Esa imagen se ha ido desmoronando, precisamente porque no pone límites a los excesos de sus ministros. Tal vez ella misma no crea que haya que establecer esos límites.” Finaliza.

La falta de independencia judicial en #Bolivia se ha profundizado como lo denuncia @pagina_siete. De ello también deriva riesgo a criminalización de defensores, opositores y periodistas; así como nulos resultados en investigar violaciones a derechos: https://t.co/HcOT5Km88S

— Edison Lanza (@EdisonLanza) February 18, 2020

Fuente: Twitter y Página Siete