Aquí un curioso y extraordinario caso para reflexionar:

En conferencia de prensa, el coordinador nacional antisecuestros, Renato Sales Heredia, informó que en el primer mes del año, fue registrado un total de 163 ocurrencias de este delito. Esto representa un incremento de 7,2% respecto a diciembre del año pasado.

Jorge Carlos Hurtado, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, explicó:
“Hoy presentamos cifras que por primera vez suman plagios denunciados en el fuero común con reportes de secuestros en el fuero federal”.
De acuerdo con Proceso, del total de secuestros (163), el Estado de México concentró 52 casos, Tamaulipas, 21 y Guerrero, 17. En estas tres entidades se concentró el 55 por ciento de los plagios en México.

El Distrito Federal documentó 12 plagios; Veracruz, 10; Tabasco, 8; Puebla, 5; Hidalgo, Michoacán, Morelos y Tlaxcala 4; y Nuevo León y Zacatecas, 3.

Un aumento de 7,2% es muy grave. Lo curioso es que no es número original que gobierno ofreciera. En una columna publicada hoy por El Universal, Ciro Gómez Leyva explica el caso con un tono igualmente llamativo.
«El miércoles de la semana pasada escribí aquí (Con todo respeto, secretario Osiorio Chong) que sólo en México podían darse discrepancias numéricas como las del gobierno federal y la organización Alto al Secuestro que preside Isabel Miranda de Wallace. De acuerdo con el gobierno, los secuestros bajaron 18% en 2014 respecto de 2013. Para Alto al Secuestro, aumentaron 30% en ese lapso. Para el gobierno hubo mil 394 secuestros en 2014; para la organización, 2 mil 818. Una locura» escribe Gómez Leyva.
Esta diferencia radical debía tener una explicación. Fue Miranda de Wallace quien la ofreció: el gobierno federal no sumaba las denuncias ante el Ministerio Público federal, «que hoy totalizan más del 50% de los casos, porque la gente no quiere denunciar ante las autoridades locales». Por este motivo, retó al gobierno a una confrontación estadística.

Dicha confrontación, que parecía lejana, efectivamente tuvo lugar en conferencia de prensa en la que arrancamos esta historia. Ahí, Isabel Miranda de Wallace presentó sus argumentos y, «sin desdoro ninguno, los funcionarios del gobierno reconocieron que los secuestros aumentaron en enero respecto diciembre».

Esta corrección aceptada por las autoridades federales es aplaudida por Gómez Leyva. Al periodista le parece un gesto de humildad que acerca a la ciudadanía con el gobierno.

Pues bien, por muy sabio que sea el gesto de humildad del gobierno federal, el análisis de la anécdota no puede quedarse ahí. Hay dos observaciones que surgen inmediatamente.

La primera: ¿por qué el gobierno federal no pensó que, para contar los secuestros, sería buena idea incluir… bueno, las denuncias de secuestro en el Ministerio Público federal?

La segunda: ¿aplica el gobierno los mismos criterios laxos para el resto de sus estadísticas? Quizá sería conveniente que se reunieran todas las organizaciones civiles con sus contrapartes gubernamentales para cotejar sus cifras en conferencias de prensa abiertas. Podría resultar que, en un contagio masivo de humildad, los secretarios de estado aceptaran que gobiernan un país en peores condiciones de las que reflejaban sus flojas estadísticas.

Las estadísticas sirven a las autoridades para diagnosticar problemas y preparar estrategias para resolverlos. Con seguridad, un gobierno reaccionará diferente si piensa que sus acciones están solucionando un problema, por un lado, a si descubre que de hecho el problema se está agravando, por el otro.

Aunque Ciro encuentre plausible la humildad, es difícil olvidar la denuncia que hace años hiciera The Economist sobre el uso de métodos estadísticos desconfiables durante la administración de Peña en el Estado de México, que arrojaban laxas cifras que disimulaban el estado real de la inseguridad en la entidad.

¿Qué pasa con estos números?

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@elyex