En menos de dos años cinco asambleístas del actual periodo legislativo han dejado su curul tras investigaciones judiciales vinculadas con corrupción; dos están en camino de perder el espacio en el pleno si se ejecutorían sentencias penales; y una legisladora sería sometida a un juicio penal por el supuesto cobro de “diezmos” si la Asamblea Nacional levanta la inmunidad en esta semana.

De este grupo de legisladores, tres perdieron la curul por destitución desde el pleno: Norma Vallejo (Alianza PAIS), Sofía Espín (Revolución Ciudadana) y Ana Galarza (CREO); y dos renunciaron antes de ser destituidos por el Parlamento: Daniel Mendoza (AP-Aliados) y Eliseo Azuero (BADI).

En camino de perder el cargo de asambleísta está Viviana Bonilla (antes de AP), una vez que se ejecutoríe la sentencia penal por el caso Sobornos; y también Yofre Poma (RC), si en última instancia se confirma su sentencia por el delito de paralización de un servicio público durante las manifestaciones de octubre de 2019.

Aunque no tienen procesos en la Fiscalía ni han sido investigados políticamente en la Asamblea, desde el 14 de octubre de 2019 dejaron de asistir Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri, que son parte de la bancada de la Revolución Ciudadana. Ellos permanecen con asilo político en México y no han perdido el cargo por el cual fueron elegidos.

La primera legisladora en perder la curul fue Vallejo; el 13 de noviembre de 2018 fue destituida con 89 votos, por gestionar cargos públicos, tras un informe de la Comisión Multipartidista integrada por Eliseo Azuero (BADI), Noralma Zambrano (AP) y Ana Galarza (CREO). También fue acusada en la Fiscalía General del Estado por exigir a sus asesores dinero para mantener sus cargos en la Asamblea, y fue juzgada por el delito de concusión; el 14 de julio de 2020 hubo una sentencia y fue condenada a un año de prisión, a pagar una multa y reparación a los acusadores de $9050 y al Estado $5050.

En esa misma sesión, Espín fue destituida con 94 votos por actos incompatibles con sus funciones de asambleísta al visitar a la testigo protegida Diana Falcón, en el proceso por el secuestro de Fernando Balda, en el 2012 en Bogotá, en el que fue llamado a juicio el exmandatario Rafael Correa; según la denuncia, le ofreció supuestas prebendas para que la testigo cambie su versión la víspera de una audiencia judicial. La Comisión Multipardista integrada por Fernando Callejas (CREO), Bairon Valle (RC) y Jimmy Candell (BIN) determinó que la acusada incurrió en infracciones graves que lesionan la independencia de los poderes del Estado, pues hay indicios de obstrucción a la Función Judicial.

Casi tres meses después, el 7 de febrero de 2019, Galarza fue destituida del cargo con 91 votos, tras la investigación de la Comisión Multipartidista integrada por Lourdes Cuesta (antes de CREO), Amapola Naranjo (RC) y Raúl Tello (BADI). Con las denuncias formuladas por el asambleísta Ronny Aleaga (RC), que recogió las denuncias del exasesor de Galarza, se determinó el uso doloso de documento falso, enriquecimiento ilícito y tramitación de cargos públicos. Ella enfrenta una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el supuesto delito de concusión.

En el 2020, el 1 de julio, Mendoza renunció al cargo de asambleísta tras ser acusado por la Fiscalía de liderar una red de corrupción en la construcción del hospital de Pedernales. Presentó su dimisión mientras comparecía ante la Comisión Multipardista que lo investigó por tramitar y administrar recursos del presupuesto general del Estado. Pese a la renuncia, el pleno aprobó una moción de censura pública y destitución.

Dos meses después, Azuero hizo lo mismo. Renunció al cargo el 8 de septiembre, luego de que la Comisión Multipartidista integrada por José Serrano (AP), Franco Romero (BADI) y Liliana Durán (RC) aprobó un informe que recomendó la censura y destitución por gestión de cargos y tramitar fondos públicos.

La que está próxima a perder la curul es Bonilla, una vez que se ejecutoríe la sentencia de ocho años en prisión en el marco del caso Sobornos 2012-2016, dentro del cual la exgobernadora del Guayas y exsecretaria de la Política durante el gobierno de Rafael Correa fue acusada de cohecho.

Esta sentencia quedó ratificada una vez que el Tribunal de Casación del caso Sobornos 2012-2016 validó todo el proceso judicial que involucra a 20 personas; ahora se espera que se ejecutoríe en estos días.

Dos casos pendientes

Poma está sentenciado por el delito de paralización de un servicio público durante las manifestaciones de octubre de 2019, pero logró la suspensión condicional de la pena en libertad, su proceso aún no concluye todas las etapas, por lo tanto la sentencia no está ejecutoriada. Su abogado presentó el recurso de casación. De ratificarse, el legislador perdería su cargo.

El otro caso corresponde a Arteaga. El pasado 18 de agosto, el juez de la sala especializada de lo Penal, David Jacho Chicaiza, pidió a la Asamblea Nacional la autorización previa para iniciar una causa penal en su contra por el delito de concusión denunciado por su excolaboradora Andrea Utreras, en 2018.

El plazo para dar o no la autorización vence el próximo 19 de septiembre, por lo que la Asamblea espera pronunciarse al respecto en esta semana. (I)