En menos de cuatro meses el exsecretario del Agua (Senagua) y exministro de Transporte y Obras Públicas del gobierno de Rafael Correa, Walter Solís, ha recibido dos sentencias: una que está en firme y en proceso de ejecución por el delito de cohecho pasivo agravado, dentro del denominado caso Sobornos 2012-2016, y otra condena en primera instancia por peculado.

Recibió en los dos casos ocho años de cárcel como pena, con la diferencia de que en el proceso por cohecho fue encontrado culpable como coautor, mientras que por peculado fue señalado autor.

La última de estas condenas fue emitida el lunes pasado, luego de que de forma unánime los jueces Dilza Muñoz, Daniella Camacho e Iván León, del Tribunal de Juicio de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), declararon la culpabilidad de Solís y de Marco Rodas, excoordinador jurídico de la Senagua.

Además de los ocho años de prisión por peculado se les ordenó a los dos el pago proporcional de $ 2,2 millones impuesto como reparación integral para el Estado.

La Fiscalía los acusó del uso de recursos públicos que eran parte de una deuda del entonces Centro de Rehabilitación de Manabí (CRM), hoy Senagua, con la empresa Ondeo Degremont de Francia, pero que fueron desviados para pagar una deuda entre particulares.

El 1 de octubre pasado en que concluyó la audiencia de juzgamiento, en su alegato de cierre la fiscal general, Diana Salazar, señaló que las pruebas presentadas durante el juicio demostraron que Solís y Rodas insistieron en la asignación de $ 8,1 millones para el supuesto pago de un acta de mediación, que también, dijo, habría mantenido irregularidades.

Para Jorge Luis Ortega, parte de la defensa de Solís, es incoherente el que se diga que su defendido dispuso arbitrariamente o abusó de fondos del Estado para beneficio propio o de terceros si no existe prueba de que él haya recibido el dinero o se benefició, o por lo menos para sentenciarlo por peculado el obligatorio informe con indicios de responsabilidad de la Contraloría que lo mencione.

Ortega dice no entender cómo es posible que los supuestos terceros, estas personas que a través de acciones jurídicas constitucionales exigieron que se les cancelen los pagos, no fueron sentenciados.

Los supuestos terceros que no fueron sentenciados en esta causa a los que se refiere Ortega son Lorena Benalcázar, jueza de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Manabí; Cristóbal Macías, juez decimosexto de lo Civil y Mercantil de Manabí; el abogado Jorge Maruri y el ingeniero Jorge Bernal. Todos fueron declarados inocentes pese a que la Fiscalía los acusó de ser parte de la trama.

Ante las dos sentencias de ocho años y la interrogante de si se acumulan las penas para Solís, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) plantea en sus artículos 20 y 21 el Concurso real de infracciones y el Concurso ideal de infracciones, respectivamente.

El primero habla de que cuando a una persona le son atribuibles varios delitos autónomos e independientes se acumularán las penas hasta un máximo del doble de la pena más grave, sin que por ninguna razón exceda los 40 años; mientras que el segundo artículo habla de cuando varios tipos penales son subsumibles a la misma conducta, se aplicará la pena de la infracción más grave.

Según Ortega, en el caso de Solís no existe la acumulación de penas, pues no se trata de un concurso real de infracciones, sino de dos procesos autónomos e independientes que no tienen relación el uno con el otro. «En este caso la pena mayor absorbe a la mayor y como es la misma pena, pues son solo ocho años los que debería permanecer privado de la libertad. Aun así nosotros apelaremos».

Junto a su parte de los $ 2,2 millones que debe pagar como reparación integral por peculado, Solís también debe cancelar $ 778.000 impuestos como pena económica a favor del Estado en el caso Sobornos. En ambas sentencias también le ordenaron emitir disculpas públicas al país por el acto de corrupción en el que intervino el exfuncionario público que se encontraría en Estados Unidos.

Pese a la declaratoria de inocencia de cuatro de los procesados, el Tribunal de la CNJ dispuso que Fiscalía inicie investigaciones por presunciones de enriquecimiento ilícito privado no justificado e infracciones tributarias en relación con Maruri y Bernal; mientras que sobre Benalcázar se investigue un presunto cohecho entre ella y la empresa Old System, aparentemente relacionada con Maruri, por un préstamo no justificado.

«Yo creo que más allá de un tema político esto ya raya en la ignorancia. Estamos viviendo días nefastos en la justicia de nuestro país. Creo que es imperativo que se renueve la Corte Nacional lo más pronto posible, porque se está jugando con la libertad y la dignidad de las personas y se está jugando totalmente de manera descabellada», señaló Ortega. (I)