En la sesión virtual del Pleno del miércoles.

Punto Noticias. El Pleno del Legislativo, en la sesión 682, de este miércoles 16 de septiembre, tramitó en primer debate el proyecto de Reforma Parcial a la Constitución, presentado por el Comité por la Institucionalización Democrática, que propone eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), establecer la bicameralidad Legislativa y la autonomía de la Fiscalía General del Estado.

Los asambleístas debatieron el informe elaborado por la Comisión Ocasional de Enmiendas, cuya exposición la realizó la legisladora Elizabeth Cabezas, quien presidió la mesa.

Cabezas justificó la eliminación del CPCCS con el argumento que la entidad ha sido fuertemente cuestionada y que, en lugar de fortalecer la representación, se convirtió en un instrumento de designación de autoridades, muy deficiente en la actuación de control social y de combate a la corrupción. La Corte Constitucional, en su dictamen, concluye que su eliminación no implica limitación alguna o restricción a los derechos de participación, según Cabezas.

La reforma buscar evitar que la Asamblea Nacional siga incrementando su número de asambleístas y posiblemente complementar con algún cambio respecto a la representación sobre la fracción de crecimiento poblacional de cada 200 mil habitantes, sostuvo, acerca de la bicameralidad.

Los dos sistemas, tanto el unicameral como bicameral, tienen ventajas y desventajas; que es necesario ampliar el debate en el Pleno de la Asamblea, a fin de recibir los diferentes aportes de las bancadas para tomar la mejor decisión para el país y para la Función Legislativa, apuntó.

El Senado se conformaría por 30 senadores, elegidos por listas nacionales. Los miembros de la Cámara de Representantes, uno por cada provincia y uno por cada 200 mil habitantes o fracción que supere los 150 mil. Mientras, la Asamblea estaría conformada por 90 representantes. Existirían dos representantes por las circunscripciones del exterior, elegidos por la Cámara Baja, pues los ecuatorianos en el exterior podrán votar por los senadores a través de las listas nacionales.

Ambas cámaras tendrán iniciativa normativa y la revisión de proyectos se efectuará por la Cámara opuesta. La formulación de un veto parcial ya no habilitaría al presidente de la República para que presente un texto alternativo al objetado, entre otras disposiciones.

Las reformas plantean que se elimine la muerte cruzada, se asigne a la Cámara de Representantes la función de acusar ante el Senado. Se elimina el requisito de un dictamen constitucional para enjuiciar políticamente al presidente y vicepresidente de la República y se permite el enjuiciamiento de los miembros de las altas cortes del Estado, exclusivamente por delitos de cohecho, concusión, peculado y enriquecimiento ilícito. El texto final debe ser sometido, además de la aprobación del Pleno, a un referéndum, según explicó Cabezas.

El proyecto propone reformar la estructura organizacional de la Fiscalía General del Estado, para garantizar la independencia del control público y fortalecer la lucha contra la corrupción. De esta forma, se eliminaría a la Fiscalía del control del Consejo de la Judicatura y se le otorga verdadera autonomía institucional, según la propuesta.

Variadas fueron las reacciones frente a la propuesta; unos consideraron que es procedente eliminar al Consejo de Participación, porque, según dijeron, incrementó el hiperpresidencialismo, se limitó a la función de nombrar autoridades de control y no promovió la participación ciudadana real. Consideran que su ausencia no limitará el derecho constitucional de participación, que debe ser transversal y ejercido de manera directa. En cuanto a la designación de autoridades, esta facultad debe regresar a la Asamblea Nacional.

Las voces opuestas señalaron que es importante contar con institucionalidad que permita y promueva la participación ciudadana, en la práctica, que vaya más allá del discurso y de lo que puedan establecer los gobiernos de turno.

Sobre la autonomía de la Fiscalía, sostuvieron que las reformas no son a favor de las personas, sino de las instituciones y, por lo tanto, de la gestión que puedan generar a favor de la ciudadanía, principalmente para luchar contra la corrupción.

Respecto a la bicameralidad en el Legislativo existieron posturas divididas. Por un lado, quienes consideran que los cambios en la estructura del primer poder del Estado no le darían respuestas al país y tampoco garantizaría la gestión eficiente del mismo.

Otros creen que la propuesta es necesaria para enriquecer el tratamiento de las leyes y mejorar el trabajo legislativo.

Entre otros criterios, se planteó la posibilidad de modificar la Constitución a través de una consulta popular, como la expresión democrática más dirimente que refleja una verdadera democracia.

La presidenta encargada de la sesión, asambleísta Ana Belén Marín, cerró el primer debate del proyecto de Reforma Parcial a la Constitución, después de ocho horas y 22 intervenciones de legisladores.

Fuente: Asamblea Nacional.