Cuando el quiteño Ernesto Endara arribó a Madrid reagrupado por su hija jamás imaginó que debería sortear tantos inconvenientes para recibir atención médica. A su llegada le detectaron una dolencia cardiaca pero apenas en un par de ocasiones ha recibido atención médica.

Tiene su documentación en regla pero no tarjeta sanitaria. El de los reagrupados con un permiso de residencia posterior al 24 de abril de 2012 es uno de los colectivos afectados por las medidas de exclusión sanitaria que desde hace dos años emprendió el Gobierno español.

Para que un facultativo del sistema de salud pública le revise deberá suscribir un convenio especial de prestación de asistencia sanitaria; es decir, una suerte de seguro que por su edad tiene un precio mensual de 157 euros (la prima para los menores de 65 años es de 60 euros). Carece de ingresos porque no encuentra trabajo.

Su primogénita perdió el empleo hace un año. Sobreviven con un subsidio de 400 euros. Insuficiente. “No podemos pagar la mitad de eso a un seguro. Me están condenando a morir”, se lamenta el ecuatoriano entre lágrimas.

Miembros de la plataforma Yo Sí Sanidad Universal reconocen que los inmigrantes al carecer de recursos se ven imposibilitados de pagar los montos exigidos. “En los grupos de acompañamiento que tenemos en los barrios, los afectados buscan otras vías para intentar que les atiendan”, señalan.

En sus registros constan 25 casos similares a los de Ernesto Endara. “Se trata de personas mayores, padres o madres de personas migrantes legalmente establecidas en España, muchas veces con nacionalidad española”.

El pago del convenio más el coste de los medicamentos (no cubiertos en el seguro) resulta imposible para la precaria economía de muchas familias, denuncian desde la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (Somamfyc).

Se da la paradoja, apuntan en un informe, que ni siquiera les brindan atención urgente pese a tener papeles porque esta excepción en la normativa solo está contemplada para personas sin permiso de residencia.

Hay dos sentencias, en Burgos y Barcelona, en las que los tribunales reconocen el derecho a la asistencia sanitaria a personas reagrupadas pero continúa la exclusión sistemática.