En el caso ‘Las Torres’, por delincuencia organizada son procesados 9 funcionarios y exfuncionarios de Contraloría, Petroecuador, Secretaría General de Presidencia y particulares.

Punto Noticias. “El mecanismo utilizado en esta trama de corrupción, como ya lo hemos visto en el caso del excontralor general Carlos Pólit, consistía en el desvanecimiento de las glosas, a través de la subrogación en el organismo”, manifestó la fiscal general, Diana Salazar, refiriéndose al caso del contralor subrogante, Pablo Celi.

Salazar considera que el delito de presunta delincuencia organizada en el que participó Celi de la Torre, con la estructura conformada para cometer “varios delitos” contra la seguridad y la eficiencia de la administración pública, es similar al utilizado por Pólit.

Celi se declaró, de manera irregular, contralor subrogante, luego de que Pólit, a mediados de 2017, viajó a Miami, Estados Unidos, y dejó el cargo de contralor general, en medio de investigaciones penales abiertas por delitos como asociación ilícita y concusión, relacionados con la trama de corrupción que la empresa brasileña Odebrecht montó en Ecuador.

Fueron detenidas en operativos realizados en Quito, Guayaquil y Samborondón, entre la noche del lunes y madrugada del martes últimos, nueve personas, entre ellas Celi y su hermano Esteban, el exsecretario de Presidencia José Agusto Briones y su hermano Luis Agusto Briones, Silvia L., Ángelo R., Andrés L., Natalia Cárdenas, exasesora del exgerente de Petroecuador Pablo Flores, y Elsie C.

Felipe Córdova, juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), ordenó prisión preventiva contra los siete primeros procesados; desde la mañana del miércoles pasado, fueron ingresados en la Cárcel 4, en Quito, los hombres, mientras que Silvia L. fue llevada hasta la cárcel de mujeres de Chillogallo.

A Elsie C. no se le impuso ninguna medida cautelar y a Cárdenas se le dispuso el uso de grillete electrónico, presentación periódica cada ocho días y prohibición de salida del país.

De acuerdo con la fiscal general, la relación entre el caso de Celi y Pólit, respecto al mecanismo usado para cometer ilícitos, partiría de la premisa de que en ambas situaciones se cometieron actos de corrupción desde la Contraloría, para desvanecer glosas que existían en contra de empresas, a cambio de la entrega de dineros a modo de sobornos.

Celi está procesado por delincuencia organizada, por supuestamente haber solicitado y recibido la entrega de dineros a la empresa Nolimit S. A., por intermedio de su sobrino José Raúl de la Torre, sentenciado en Estados Unidos por lavado de activos, para desvanecer cinco glosas que la empresa mantenía en la Contraloría, por un monto aproximado de 13 millones de dólares.

Presuntamente, las glosas desvanecidas fueron suscritas por dos subcontralores y todo habría sido realizado con conocimiento y autorización del contralor subrogante. La delincuencia organizada, por la que se abrió una instrucción fiscal de 90 días, también incluiría hechos como la exigencia de dineros a cambio de disponer y asegurar el pago de planillas de Petroecuador a Nolimit.

Pólit mantiene una sentencia en firme de seis años de cárcel por el delito de concusión. La justicia determinó que, siendo contralor general, solicitó $ 10,1 millones a Odebrecht para el desvanecimiento de glosas por más de $ 70 millones, relacionadas con el proyecto San Francisco, y por entregar informes favorables de la Contraloría para la brasileña respecto a proyectos en los que participaba.

Pólit se aprovechó de su cargo y mediante “exigencias” y “amenazas” logró, entre 2010 y 2015, conseguir de Odebrecht $ 6 millones para desvanecer glosas relacionadas con la hidroeléctrica San Francisco y $ 4,1 millones para no emitir glosas en proyectos como el Poliducto Pascuales-Cuenca, Refinería del Pacífico, Acueducto La Esperanza, y otros, coincidieron los tribunales de primera y segunda instancia, así como los tres jueces de casación, todos de la CNJ.

José Santos, exdirectivo de Odebrecht en Ecuador, en diciembre de 2017, rindió su testimonio anticipado en el proceso por concusión contra Pólit. El brasileño calificó al excontralor como el “cuarto poder” en el país; pues, según él, Pólit tenía un “poder impresionante”, el cual lo utilizó para “amenazar” y “chantajear” a funcionarios públicos y empresas privadas para conseguir beneficios propios.

Indicó que los $ 10,1 millones fueron entregados a Pólit en efectivo y transferencias, por desvanecer glosas administrativas que tenían que ver con el proyecto hidroeléctrico San Francisco y para que el contralor y su grupo de auditores no emitieran “glosas infundadas” contra Odebrecht en cinco proyectos que trabajaban en Ecuador.

En el caso por concusión contra Pólit se investigó el uso de empresas y cuentas en el extranjero, para hacer circular el dinero en efectivo recibido para desvanecer y no emitir glosas desde la Contraloría.

En el proceso por delincuencia organizada, la Fiscalía, además de decir que Celi fue quien dio la disposición de desvanecer glosas para beneficio de la empresa, para cobrar las planillas de Petroecuador, señaló que José Agusto Briones, abusando de su cargo, solicitó a Pablo Flores, gerente de Petroecuador, que mantenga en la institución a José Raúl de la Torre, quien exigía la entrega de dádivas a la empresa Nolimit S. A.

A Luis Agusto Briones lo acusó de prestar sus cuentas; figurando como beneficiario final, recibía el dinero mediante empresas en el extranjero y consignó cuentas bancarias de una empresa costarricense. De Esteban Celi mencionó que era el encargado de gestionar el desvanecimiento de glosas, aprovechando las influencias de su hermano Pablo, a cambio de dineros.

La fiscal señaló que Cárdenas formó parte activa del grupo ilícito y tuvo un porcentaje del beneficio final; de Elsie C., que era una persona encargada de cobrar cheques entre 2017-2019 y no registra ninguna actividad económica; y de Silvia L., que era accionista de varias empresas petroleras, que tenía como cliente a Luis Agusto Briones, desde 2018, y que habría sido designada por el entonces secretario José Agusto Briones para recibir beneficios de esta organización.

“Los líderes de esta organización ocupaban altos cargos públicos”, para la fiscal general. En la parte alta de la estructura estarían Celi y José Agusto Briones, quienes habrían abusado del poder y las atribuciones que tenían como autoridades públicas para participar en la exigencia de pagos indebidos a cambio del desvanecimiento de glosas y el cumplimiento de pagos de planillas, correspondientes a contratos suscritos entre Petroecuador y la empresa Nolimit S. A., entre 2017 y 2020.

Fuente: FGE, El Universo.