En el caso de María Paula Romo solicitó que la Embajada en Washington la notifique del proceso y, si es necesario, se activen mecanismos de cooperación penal internacional.

La mañana de este martes 23 de marzo, el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE) por los presuntos delitos de lesa humanidad que habría cometido el Estado y sus autoridades en octubre del 2019. Como parte de esta diligencia, solicitó que se formulen cargos de manera urgente en contra del Presidente de la República, Lenín Moreno, sus ministros y exautoridades involucradas, además, que se les prohíba la salida del país.

🔴 #ÚltimaHora | @DEFENSORIAEC presenta denuncia ante @FiscaliaEcuador por presuntos delitos de lesa humanidad y pide que autoridades prohíban la salida del país del Presidente de la República, ministros y otras personas involucradas. Más información ➡️ https://t.co/qMLEmjK2Xhpic.twitter.com/409lnHYwJd

— Pichincha Al Minuto ⚠️ (@MinutoPichincha) March 23, 2021

Luego de que la Comisión Especial para la Verdad y Justicia sobre octubre del 2019 concluyó que en las protestas existieron delitos de lesa humanidad y responsabilizó al Estado y sus autoridades por el uso excesivo de la fuerza, persecución política, ataques a la libertad de expresión y tortura a los manifestantes, el titular de la Defensoría del Pueblo, Freddy Carrión, presentó una denuncia en Fiscalía, para que se inicien las indagaciones correspondientes.

Carrión explicó que el informe de la Comisión para la Verdad y la Justicia, creada por la DPE, revela un indicio de cometimiento del delito de lesa humanidad, por lo cual es de suma importancia para el país conocer lo que realmente sucedió en las protestas de Octubre del 2019.

“Como DPE entregamos el informe a la Fiscalía para que investigue y sancione a quienes vulneraron los derechos. Es urgente la reparación, ya que ningún proceso de reconciliación nacional es posible sin antes establecer la debida justicia y garantías de reparación a las víctimas de octubre 2019”.

Dentro del proceso, el Defensor del Pueblo pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) que recepte las versiones del Presidente de la República, Lenín Moreno, de la exministra de Gobierno, María Paula Romo, del excomandante General de la Policía, Nelson Villegas, del Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, del exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roque Moreira, del exjefe de Operaciones de la Policía, Patricio Carrillo, y del excomandante de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito, Víctor Aráus, con el fin de excalrecer los hechos y garantizar el derecho a la verdad de las víctimas.

Para estas personas, también solicitó la Fiscal General, Diana Salazar, que se formulen cargos de manera urgente y se requiera a un Juez de la Corte Nacional de Justicia, que dicte las medidas cautelares personales previstas en la ley para asegurar la presencia de las personas mencionadas en ésta denuncia, tomando en cuenta que sobre todo las altas autoridades de la Función Ejecutiva que tiene fuero de corte.

🔴 #ÚltimaHora | @DEFENSORIAEC presenta denuncia ante @FiscaliaEcuador. Pide prohibición de salida del país del Presidente, ministros e involucrados. En caso de exministra @mariapaularomo, pide se activen mecanismos de cooperación penal internacional para que comparezca. pic.twitter.com/1NJ1NErIjA

— Pichincha Al Minuto ⚠️ (@MinutoPichincha) March 23, 2021

En el caso de la María Paula Romo, exministra de Gobierno, se pidió que se activen los mecanismos internacionales previstos en la Ley, con el fin de que sea notificada y comparezca al proceso.

“En el caso de la Ex Ministra María Paula Romo Molina, como se ha hecho público ella se encuentra en Washington por las funciones que realiza su esposo en la Organización de Estados Americanos, por lo que solicito, que se le notifique a través de la Embajada del Ecuador en Washington con el inicio de la presente indagación, y de ser necesario se activen todos los mecanismos de cooperación penal internacional para que la denunciada comparezca a todas las fases y etapas del proceso”.

Por otra parte, solicitó a la FGE que la investigación previa por el presunto delito de lesa humanidad sea tramitado por la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, en estricto apego a los estándares internacionales de investigación en casos de violaciones de derechos humanos, lo cual incluye que participe de la investigación personal civil para garantizar la imparcialidad de los procesos y experticias.

Fuente: Defensoría del Pueblo