El tribunal deberá resolver la recusación en contra del juez Saquicela.

Punto Noticias. Fausto Jarrín, abogado de Pablo Romero, exsecretario nacional de Inteligencia (Senain), y del expresidente Rafael Correa, confirmó que fue suspendida la audiencia de apelación en el caso del supuesto secuestro de Fernando Balda, que debía instalarse este miércoles 06 de enero, a las 09h00.

Contó que, la semana pasada, en su calidad de abogado de Romero, presentó recusación en contra del juez Iván Saquicela, integrante del tribunal que conocerá el recurso de apelación interpuesto en esta causa, con el fin de que sea separado.

Jarrín comentó que la imparcialidad de Saquicela está seriamente cuestionada, toda vez que al otro día de leer la sentencia del caso sobornos se presentó ante los medios de comunicación a hablar de esta, cuando todavía no había perdido competencia sobre el caso y debía resolver el pedido de aclaración y ampliación de la defensa del exmandatario Correa.

Por este comportamiento del juez, dice el abogado, presentó una denuncia por prevaricato en la Fiscalía, de la cual fue notificado y se le convocó a reconocer firma y rúbrica.

Sobre la recusación, Jarrín explicó que la ley establece que, cuando se recusa a un solo miembro de un tribunal, los demás tienen que conocer la recusación, abocar conocimiento, convocar al recusado y fijar fecha y hora para la audiencia de recusación.

En caso de que sea aceptada la demanda, tendrá que sortearse un nuevo juez y, si no, Saquicela seguirá siendo parte del tribunal, que convocará a la instalación de la audiencia de apelación, en una nueva fecha y hora.

A criterio del jurista, esta diligencia ya viene afectada en su idoneidad y legitimidad, por cuanto la defensa técnica de Romero solicitó el análisis, por parte de los jueces de apelación, del video y el audio de la conferencia de prensa internacional que rindió Raúl Chicaiza, sentenciado en este caso. Y los jueces se negaron a receptar dicha evidencia.

En aquella comparecencia, Chicaiza aseguró que funcionarios de la Fiscalía y del Consejo de Participación Ciudadana, de ese entonces, le presionaron para que en su testimonio acuse a Correa de haber ordenado el secuestro de Balda, a cambio de acceder a la cooperación eficaz y reducir la condena.

El abogado considera que la sola existencia de la posibilidad de que el cooperador eficaz se contradiga sobre lo que declaró en el juicio, debería ser razón suficiente para que los jueces de apelación ni siquiera requieran escuchar de las partes las argumentaciones correspondientes y declaren nulo, de oficio, de pleno derecho, el proceso Balda e inicie investigación para determinar el involucramiento de Fiscalía, Consejo de Participación y de los jueces en un proceso forjado.