El segundo día de audiencia de apelación a la sentencia en el caso Sobornos 2012-2016 estuvo marcado por los pedidos de una diligencia reservada para exponer al Tribunal de Apelación los elementos entregados, a través de la cooperación eficaz, por Pamela Martínez, la exasesora de Rafael Correa, y la exasistente de Presidencia Laura Terán.

En abril pasado, Martínez y Terán recibieron penas reducidas en un 40 % por el delito de cohecho agravado. Ser cooperadoras eficaces fue la razón para la reducción. Según Édgar Molina, abogado de Martínez, y Luis Muñoz, defensa de Terán, en ambos casos el Tribunal de primera instancia no valoró correctamente las pruebas aportadas.

La exasesora de Presidencia fue calificada de coautora y recibió una pena de ocho años inicialmente, pero al haber entregado información que ayudó a la Fiscalía, la condena de primer nivel fue de 38 meses y 12 días de cárcel. En cambio, Terán fue definida como cómplice y la pena se limitó a 19 meses y 6 días de reclusión.

Para solicitar la audiencia reservada, Molina y Muñoz argumentaron que la cooperación eficaz exige reserva de la información y que en los dos casos existe peligro contra la integridad de sus clientes por los datos que poseen. Lo que buscan estas defensas es conseguir penas más bajas de hasta en un 90 %, como inicialmente lo solicitó Fiscalía.

El Tribunal resolvió aceptar que se las realice en dos partes: una para conocer de manera general la solicitud y otra para abordar las pruebas que constan en el cuadernillo de cooperación eficaz que Fiscalía debía facilitar. Las intervenciones de estas defensas se dieron una vez que completaron todos los demás procesados de fundamentar sus pedidos.

Para la audiencia de este martes solo cinco abogados de los 21 apelantes se acercaron personalmente a la CNJ. Un día antes fue diferente la situación.

La mayor parte decidió participar de la diligencia por vía telemática, pues existía mucha preocupación por el tema de bioseguridad, una vez que Paúl Ocaña, abogado del empresario Teodoro Calle, dio positivo para COVID-19 la noche anterior y se mantuvo horas antes en la misma sala de audiencia que otros abogados del caso Sobornos.

La jueza Dilza Muñoz, parte del Tribunal de Apelación junto con David Jacho y Wilman Terán, fue una de las asistentes a la diligencia mediante videoconferencia.

La defensa del exvicepresidente Jorge Glas, Cornelia Salcedo, aseguró en su apelación que no se ha podido demostrar de manera técnica la acusación de Fiscalía, aclaró que su cliente jamás realizó bajo su cargo algo injusto y que las funciones del entonces vicepresidente Glas no caben dentro de ningún acto injusto ni que fuera parte de algo ilícito.

Salcedo pidió se declare la nulidad del trámite y que se revoque la sentencia actual. Algo parecido solicitó María del Mar Gallegos, abogada del ex secretario jurídico Alexis Mera.

Gallegos argumentó que en la sentencia ningún contratista expresa que su cliente favoreció a alguna empresa, pues sus funciones nada tenían que ver con contrataciones. Además, indicó que no coincide el audio de la audiencia y de la sentencia escrita y que un testigo aseguró que los sobres entregados a Mera no contenían dinero.

Hasta el cierre de esta edición solo faltaban por intervenir un procesado y el representante de la Procuraduría General del Estado, acusadora particular del caso. Inmediatamente se iniciaría la réplica que tiene la fiscal general, Diana Salazar, a las apelaciones interpuestas por los 20 procesados. (I)