Hasta el momento se contabilizan 7 000 pruebas decomisadas, las cuales estaban siendo cambiadas la fecha de caducidad. Las mismas fueron incautadas al momento en que personas trabajaban en la alteración de las fechas de caducidad y como parte de un acto urgente solicitado por la Fiscalía.

La operación tuvo el respaldo de agentes de la Policía Judicial (PJ), de la Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios de la Policía, funcionarios del Ministerio de Salud Pública y de la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa). Una vez reetiquetado el producto era enviado para la venta.

El operativo se habría dispuesto luego de que una unidad especializada de la Policía realizó seguimiento a un producto que había sido importado desde China, contó Pablo León, subdirector de la PJ. Al revisar algunas cajas con pruebas para COVID-19 en su interior se observó que las mismas estaban por caducar en 40 o 45 días.

Con esa información y mediante trabajos de inteligencia se llegó a conocer de que existía un lugar donde se estarían imprimiendo otras etiquetas con diferentes fechas de caducidad.

A ingresar los agentes a las instalaciones de la empresa Publione se habría encontrado imprimiendo nuevas fechas de caducidad, en otras oficinas sacando las fechas anteriores de caducidad de pruebas COVID-19 y en otro sitio pegando las etiquetas con nuevas fechas en algunos casos sobre etiquetas con la fecha anterior.

Hasta el momento cinco personas habrían sido detenidas por su directa vinculación con los hechos investigados. La operación de allanamiento aún continúa.

León señaló que se está realizando las verificaciones necesarias para saber si hay más pruebas que estén siendo cambiadas las fechas de caducidad, pues conocerían que existen algunas importaciones de este tipo. «Esos datos tenemos que revelarlos cuando tengamos la conexión con Aduanas del Ecuador, de cuándo salió el producto y de cuánto producto existe».

Joan Luna, jefe de la Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios de la Policía, refirió que en este caso existió un afectado que denunció el hecho. Lo que se habría descubierto es que una caja de prueba para COVID-19 tenía sobrepuesta una etiqueta sobre la fecha original del producto que caducaba en los 40 y 45 días siguientes.

Según el oficial Luna, en las instalaciones de Publione se estaba haciendo un trabajo artesanal para regrabar la caducidad de las pruebas, se hacían los stickers y se montaban en la parte superior. El producto habría sido internado legalmente al país y se cree que muchas de las cajas con pruebas fueron adulteradas con fechas de caducidad de hasta el 30 de agosto del 2021.

Una vez terminen los allanamientos, la Policía y la Fiscalía darán a conocer mayores detalles de lo encontrado con el fin de que personas que hayan podido adquirir este tipo de pruebas con fechas de caducidad adulteradas denuncien el hecho y puedan tomarse decisiones sobre la realidad del producto. (I)