El próximo 25 de junio se dará la audiencia de procedimiento directo contra el exsecretario Nacional de Inteligencia (Senain), Pablo Romero, dentro del proceso que se le sigue por el delito de ingreso de artículos prohibidos al Centro de Privación Provisional de Libertad (CPPL) de El Inca, en Quito, en el que se encuentra internado.

Esta causa penal contra Romero se abrió el pasado mayo, cuando agentes penitenciarios del CPPL de El Inca incautaron, el 2 de mayo último, un teléfono celular y dos tarjetas de memoria en la celda ocupada por el exlíder de la hoy desaparecida Senain. La diligencia se dará a las 16:30 en la Unidad de Flagrancia, en Quito.

El artículo 275 del Código Orgánico Integral Penal señala que la persona que ingrese, por sí misma o a través de terceros, a los centros de privación de libertad, bebidas alcohólicas, sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización, armas, teléfonos celulares, será sancionada con una pena de uno a tres años de cárcel.

Romero se encuentra en una celda del Centro de El Inca desde el 21 de febrero pasado, fecha en que regresó a Ecuador luego de ser extraditado desde España. El secretario de Inteligencia del Gobierno de Rafael Correa mantenía un pedido de extradición por ser uno de los cuatro involucrados en el plagio del activista político Fernando Balda, hecho ocurrido en 2012 en Bogotá, Colombia.

Justamente dentro de esta causa a Romero se le activó la etapa de juzgamiento desde el lunes último. La audiencia arrancó con los alegatos de apertura del fiscal general subrogante Wilson Toainga; de Felipe Rodríguez, abogado de la víctima y acusador particular; y de Stalin Oviedo, abogado del acusado exsecretario de Inteligencia.

El juicio ha mantenido hasta el momento dos suspensiones: la primera solicitada el lunes pasado por Rodríguez, debido al fallecimiento de la madre de Balda; y la que se dio la tarde del jueves último, debido a la demanda de recusación que interpuso Oviedo contra el presidente del Tribunal de Juicio de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván León.

Oviedo asegura que la recusación contra León está basada en la falta de probidad y objetividad que el juez habría demostrado tener en este tipo de casos.

«En la sentencia en el caso Sobornos él (Iván León) ya afirma que el correato y todos sus funcionarios pertenecen a una estructura criminal. A criterio de esta defensa, él no puede hacer este tipo de juicios de valor, más aún en una sentencia. Si es que él tiene esa conclusión en otro proceso, él no puede conocer el presente caso», explicó Oviedo.

Ya en la diligencia del lunes pasado se dio un incidente respecto a la recusación que Oviedo presentó contra el juez León la semana pasada y que el Tribunal le negó el viernes último. Pese a los reclamos de que fue «informal y simple» la respuesta con la negativa a la recusación, León dio paso a los alegatos de apertura de las partes.

El Tribunal rechazó la semana pasada la recusación de Oviedo «al no corresponder conforme a la ley y el trámite que prevé la norma para el juicio de recusación». El pedido habría sido nuevamente presentado y fundamentado en forma correctamente, lo que generó se dé paso al recurso. La demanda será conocida por otro Tribunal de la CNJ.

Rodríguez cree que Romero está usando la misma estrategia que los abogados del caso Sobornos 2012-2016: recusar a uno de los jueces para ganar tiempo. «Ellos saben que en derecho no podrán ganar. (…) Veo imposible que exista una causal de recusación». (I)