El poco acceso a la tecnología que presentan algunos sectores de la población ecuatoriana ha sido uno de los mayores retos a la hora de darle continuidad a la educación de miles de niños durante la pandemia.

Con ese objetivo, el Ministerio de Educación ha diseñado una estrategia para seguir los planes de estudio en colegios públicos, que se soporta en fichas pedagógicas, distribución de contenidos a través de medios de comunicación y el acompañamiento virtual.

Sin embargo, según Unicef, seis de cada diez niños y niñas sienten que están aprendiendo menos desde el cierre de las escuelas y el cese de la educación presencial.

Para la representante de la Red de Maestros, Herlinda Bósquez, la falta de acceso tecnológico en los hogares representa un impedimento para que los niños puedan realizar un aprendizaje efectivo. A veces los alumnos de Bósquez, quien trabaja en un colegio público rural, se pueden conectar una o dos veces por semana, pues es para lo que les alcanza el saldo a sus representantes.

En la ciudad no es muy diferente. Melissa, docente de un colegio público ubicado en las periferias de Guayaquil, coincidió en que muchos padres “compran una tarjeta, pero si envían un audio o un video prácticamente se les va el saldo de su celular”. La docente añadió que también se debe considerar la falta de dispositivos de salida, pues hay padres que no tienen teléfonos inteligentes y tampoco las posibilidades para adquirir uno.

Ante la carencia de conexión y dispositivos para realizar sus tareas, varios niños de su institución (la mayoría vecinos) han tenido que juntarse para hacer sus trabajos en grupos.

El artículo 39.1 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones dicta que el Estado debe promover proyectos para reducir la brecha digital, especialmente en las zonas rurales, marginales y fronterizas.

Por ello, se estableció la contribución obligatoria del 1 % de los ingresos totales facturados y percibidos por los prestadores de servicios de telecomunicaciones, excepto radiodifusores. Este valor es aportado trimestralmente desde julio del 2015 y su recaudación está a cargo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).

Pese a esto, sigue existiendo un déficit tecnológico que se ha marcado aún más con la pandemia. En semanas pasadas, miembros de la Mesa de Educación con Valores manifestaron públicamente su preocupación por no saber en qué se ha invertido este capital.

De acuerdo con datos de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel), se habrían aportado al programa 300 millones de dólares hasta la fecha. La Mesa de Educación propuso que la inversión de este fondo sería suficiente para solventar los problemas tecnológicos de más de 400.000 niños, adolescentes y profesores en zonas vulnerables.

“Este asunto es de extrema importancia ya que las clases están siendo impartidas de manera virtual, con la circunstancia de que la mayoría de niños y jóvenes no las están recibiendo adecuadamente porque no tienen acceso a internet o no tienen los dispositivos adecuados para ello”, señaló Nelson Guim, coordinador general de la Mesa.

La propuesta fue enviada al Ministerio de Educación, Telecomunicaciones, Asamblea Nacional y Presidencia de la República en marzo pasado, pero hasta ahora no ha sido respondida por ningún organismo gubernamental.

Mientras tanto, desde el cierre de los colegios, el 24,5 % de los estudiantes del régimen costa y 18,8 % de la sierra han pensado en la posibilidad de abandonar sus estudios.

Según José Pileggi, gestor de la estrategia presentada, el Estado no puede obviar el tema porque este ya lleva varios años recibiendo los fondos.

“En este punto tiene que existir una rendición de cuentas de qué ha pasado con estos recursos y, por otro lado, saber qué pasa con el acceso a los dispositivos”, comentó. (I).

Inversión en educación desde 2021

EL UNIVERSO solicitó información al Ministerio de Telecomunicaciones: conforme a esas cifras, desde el 2015 hasta ahora la entidad registra un monto acumulado de alrededor de 138 millones de dólares, provenientes de la contribución del 1 % al Plan de Servicio Universal.

Esta cifra es menos de la mitad de lo que la Asetel señala como aportación.

El organismo citó al Código Ingenios, en su art. 602, donde sí establece que la contribución del 1 % será parte de las fuentes que contribuyan con la preasignación para la economía social de los conocimientos, creatividad e innovación. Sin embargo, en las disposiciones transitorias se indica que la preasignación para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales regirá a partir del quinto año de vigencia del Código.

Desde diciembre del 2016 el fondo ha pasado a formar parte del Presupuesto General del Estado, y solo a partir de diciembre de 2021 podrá ser utilizado para programas impulsados por la Senescyt.

Este bloqueo de recursos del sector de telecomunicaciones ha limitado que se atienda con Servicio Universal a las zonas rurales, urbano-marginales o periféricas y fronterizas.

Durante esta pandemia, según el comunicado del Ministerio, se han realizado gestiones y se han propuesto proyectos para el despliegue de redes de telecomunicaciones, para incentivar a los prestadores a desplegar estos servicios en las zonas que requieren ser atendidas y que a causa de la pandemia del COVID-19 se han visto más afectadas por la escasa o nula conectividad existente.

Con inversión independiente de la contribución del 1 % se realizaron los proyectos Canasta Digital y Amazonía, para dotar de puntos wifi a varias parroquias prioritarias del Ecuador y a todos los cantones de la Amazonía, con una duración de uno a dos años. (I)