El pleno de la Asamblea Nacional resolvió fiscalizar supuestos abusos y cobro de intereses por parte de los bancos en la aplicación de la Ley Humanitaria, que obliga a las entidades del sistema financiero nacional tanto público como privado, a una reprogramación de pago de cuotas por obligaciones.

La decisión la adoptó tras la comparecencia de las superintendentas de Bancos, Ruth Arregui, y de Economía Popular y Solidaria, Sofía Hernández, sobre los controles ejercidos a las entidades financieras respecto a la reprogramación de pagos. Sus exposiciones no convencieron a la sala.

La fiscalización a las dos superintendencias fue planteada por el asambleísta Alberto Arias (ex AP), pues afirmó que solo una fiscalización permitirá determinar si hay abusos de parte de las entidades financieras en el cobro de intereses por la reprogramación en el pago de deudas; lo que no se puede permitir es que la banca meta la mano al bolsillo de los ecuatorianos en momentos de pandemia, añadió.

La moción aprobada con 100 votos encarga la investigación a la Comisión de Fiscalización para que llame a las dos funcionarias, y que luego presente un informe al pleno dentro del plazo máximo de diez días de haber recibido la información. En las conclusiones, la comisión deberá recomendar actuaciones legislativas específicas para precautelar los derechos de los ciudadanos respecto de sus obligaciones financieras, en el marco de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario.

Las dos autoridades de control deberán informar sobre las acciones respecto de la reprogramación de pagos de cuotas por obligaciones con entidades del sistema financiero nacional y no financiero, que en estos momentos se encuentran cobrando intereses de mora sobre el capital de valores diferidos que no han podido ser cancelados por la evidente crisis que atraviesa el país, por la pandemia del COVID 19, a sabiendas de que la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID19, promulgada el 22 de junio del 2020, lo prohíbe.

Tendrá que informarse sobre cómo se ha aplicado la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario con relación a lo estipulado sobre líneas de créditos reprogramadas, según lo dispuesto en los artículos 10 y 12, así como en las respectivas resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

Todo esto, en el marco de la muestra de datos que han sido recopilados de las diferentes operaciones de crédito del sector de la transportación en sus diferentes modalidades, comprendidas en 784 operaciones de crédito en la Superintendencia de Bancos, y 1 935 operaciones de crédito en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, así como en razón de cualquier otra información que la Comisión considere pertinente, referente a la cadena productiva.

Comparecencias de funcionarios

La Superintendenta de Bancos, Ruth Arregui mostró cifras y afirmó que desde abril a septiembre de 2020 hubo $10.208 millones en diferimiento y que en Pichincha se registró más diferimiento seguido de Guayas, Azuay, Manabí, El Oro y el resto de provincias.

En todo el periodo de vigencia de la Ley Humanitaria se registró 1´665 758 solicitudes de diferimiento, de las cuales 1´248 861 corresponden a la cartera de consumo; luego la cartera de micro crédito, comercial, vivienda y educativo.

Dijo que la Superintendencia de Bancos llevó cuatro recomendaciones ante la Junta de Política y Regulación Monetaria tras la vigencia de la Ley Humanitaria que se relacionan con brindar facilidades y alivio financiero a través de reestructuraciones y refinanciamiento; la reducción temporal del corto del fondo liquidez; la racionalidad sobre la segmentación de créditos para brindar mayor inclusión a las personas y mipymes; y, un fondo de apoyo a las mipymes frente al confinamiento.

Fabián Carrillo, ministro de Economía y Finanzas, presidente encargado de la Junta de la Política Monetaria y Financiera aseguró que de marzo a septiembre $19 mil millones de dólares, se realizó en reprogramación de pagos.

Que las personas naturales o jurídicas que reprogramaron sus deudas no fueron reportadas a la central de riegos; su calificación de riesgo no se afectó, es decir, mantuvieron lo que tenían antes d de la reprogramación. No tuvieron costos adicionales, y obtuvieron periodos de gracia.

Dijo que se registran alrededor de 2 millones de operaciones se reprogramaron en los bancos privados en solo tres mes, de ellos, el 70% corresponde a la cartera de microcrédito.

Que más de $6.5 millones se difirieron en las entidades financieras de la economía popular solidaria (cooperativas y mutualistas), que corresponde a 840.584 operaciones de diferimiento; y que el 66% de esas operaciones se dio en las provincias con mayor impacto la emergencia sanitaria. Además se registró que en el sistema financiero público un diferimiento de $500 millones. (I)