El Pleno de la Asamblea Nacional discutió, en primer debate, el proyecto de reformas al Código de la Función Judicial.

Punto Noticias.Durante el primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, los legisladores plantearon que, el Código vigente, aprobado en el año 2009, entregó funciones en exceso al Consejo de la Judicatura, debilitando la independencia judicial interna.

También se dijo que, a pesar de las reformas de los últimos años, por varias ocasiones, no se logró concretar el objetivo de una completa autonomía del sector y potenciar los órganos jurisdiccionales y sus competencias.

La propuesta de reformas, que tramita el Parlamento, tiene dos ejes centrales: el fortalecimiento de la independencia judicial, determinando reglas específicas en cuanto a competencias y atribuciones de los órganos de esta Función, ingreso, evaluación y formación especializada continua; y, mecanismos prácticos para la lucha contra la corrupción, dentro y fuera de la institución, de acuerdo con el texto del informe, aprobado por la Comisión de Justicia.

Se plantea crear juzgados especializados para tramitar de forma ágil los delitos contra la eficiencia de la administración pública, acogiendo el artículo 36 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, así como el objetivo 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, según señaló Ximena Peña, ponente del proyecto y titular de la mesa de Justicia.

A su criterio, se mejoran los parámetros para los concursos de oposición y méritos; dispone la formación, capacitación continua y especialización en temas anticorrupción. Los servidores de la Función Judicial podrán denunciar actos irregulares, teniendo la protección para hacerlo y garantizar la estabilidad laboral; modifica la acción de queja o denuncia, simplificando sus requisitos; y, se potencian los deberes del Pleno del Consejo de la Judicatura para luchar contra actos de corrupción.

En el ámbito del fortalecimiento de la Función Judicial, se establece que la Judicatura deberá adoptar medidas para proteger a los servidores que denuncien actos irregulares e investigar con celeridad las denuncias; no evaluará el contenido de las sentencias de los jueces; evaluará a los notarios cada tres años, pudiendo cesarles en el cargo, si no superar el proceso.

Se amplían las atribuciones y funciones de la Defensoría Pública, para garantizar a las personas el derecho de acceso a la justicia, para cuyo efecto se crea el organismo de especialización, formación continua y capacitación.

Los jueces que cumplan nueve años en funciones dejarán el cargo de forma inmediata, conforme dispone la Constitución; serán evaluados cada tres años, con el único objetivo de alcanzar la mejora continua.

Las evaluaciones dentro del sistema judicial deberán llevarse a cabo con indicadores, objetivos y normativa que garanticen los derechos de los servidores; se realizarán a los servidores judiciales cada tres años, con presencia, apoyo y control social; deben ser objetivas, debiendo la Judicatura, de forma previa y a través de reglamento, establecer los criterios cualitativos y cuantitativos. Se evaluará periódicamente el servicio y la productividad de los órganos de la Función Judicial.

Se implementan los organismos de especialización, formación continua y capacitación de la Defensoría Pública y de la Fiscalía General del Estado, los que capacitarán y especializarán a sus servidores en las temáticas específicas, que atiende cada una de las entidades; se brindarán capacitaciones permanentes para la atención adecuada y especializada a las personas de los grupos de atención prioritaria.

Se homologa y concatena la norma relativa al período de lactancia de las servidoras de la Función Judicial, con lo previsto en la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep).

Los trámites de exhortos hacia el exterior de personas con discapacidad, adultos mayores y los relativos a derechos de niñas, niños y adolescentes tendrán rebaja o exención en los aranceles consulares.

Se reformula el régimen disciplinario de la Función Judicial, haciendo constar entre faltas gravísimas: acudir al lugar de trabajo en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias estupefacientes; consumir bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes en el lugar de trabajo; propiciar, organizar o ser activista en paralizaciones del servicio de justicia; y, dejar caducar la prisión preventiva.

Fuente: Asamblea Nacional.