El Ministerio de Educación tuvo que reprogramar una actividad que se había planificado para la entrega de raciones alimenticias a los padres de familia de escuelas fiscales que son parte del Programa de Alimentación Escolar.

En medio de las medidas de aislamiento social y prohibición de aglomeraciones para evitar la propagación del coronavirus (COVID 19), el Ministerio de Educación anunció el viernes pasado en un comunicado, que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional resolvió el 9 de abril, la entrega de las raciones alimenticias de este Programa de Alimentación Escolar, que se entrega en las escuelas fiscales.

Se informaba que estos kits, cuya cantidad de alimentos perdurarían por 18 días, se daría a los padres de familia o representantes legales de los estudiantes matriculados, de acuerdo a un cronograma que iniciaría la próxima semana, y se realizaría en espacios abiertos y garantizando las medidas sanitarias.

Los horarios y fechas se iban a socializar en las coordinaciones zonales y direcciones distritales.

Incluso la ministra del Ramo, Monserrat Creamer explicó en su cuenta de Twitter: «Se hará la entrega organizada de alimentación escolar gracias a la vocación de servicio de nuestro magisterio. Contamos además con manos extendidas y corazones abiertos que desean colaborar. Siempre con la prioridad de seguridad sanitaria».

La presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE),Isabel Vargas remitió un oficio al presidente Lenín Moreno cuestionando la decisión, pues esta actividad podría poner en riesgo la salud de los padres y de quienes debían entregar las raciones, por el temor de las aglomeraciones.

Se reclama que se les dispuso a los maestros que a partir de 13 de abril se acerquen a los centros educativos para cumplir con la entrega, sin que se les haya dotado de trajes especiales o implementos como guantes, gel desinfectante, mascarillas para evitar los contagios.

«Al no existir garantía alguna para cumplir la tarea, la UNE demanda rever esta decisión que expone a los docentes de forma casi inminente. De no hacerlo, la UNE responsabiliza a la ministra de Educación (Monserrat Creamer) y a los miembros del COE por la salud e integridad de los docentes que están siendo notificados con esta resolución, que violaría la Declaración Universal de Derechos Humanos, puesto que alrededor de 680 000 miembros de la comunidad educativa se verán obligados a romper los protocolos de seguridad definidos por el propio gobierno», sentenció Vargas en su carta al mandatario.

Como acción alternativa, Vargas propuso que los kits alimentarios que se encuentran almacenados en las instituciones de educación sean retirados por las Fuerzas Armadas para que estos los entreguen a los gobiernos autónomos descentralizados, y que sean estos los que repartan en barrios, comunidades y recintos que necesitan alimentos.

Frente a esta y otras preocupaciones que se habían emitido desde otras autoridades a nivel interno, ayer, 11 de abril, el Ministerio emitió un nuevo comunicado que informa la «reprogramación» de estos kits alimenticios con la «finalidad de coordinar, articular, sumar esfuerzos de la comunidad educativa y la sociedad civil».

Por su parte, Creamer dijo en Twitter: «Reprogramamos la entrega de alimentación escolar para articular y sumar esfuerzos». (I)