La diligencia se instaló la mañana de ayer y fue suspendida en horas de la tarde por Baño, debido a que el juez solicitó informes al Ministerio de Salud y a la Cancillería sobre las acciones aplicadas para garantizar el retorno de los ecuatoriano que están en el exterior y el aislamiento preventivo.

Para el juez Baño, quien pertenece a la Unidad de Tránsito de la Corte de Justicia de Pichincha esa información sería imprescindible para analizar si hubo respeto o no de los derechos humanos de los compatriotas.

El Coordinador General de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo, Harold Burbano, solicitó al juez “analizar la dramática situación de las y los compatriotas varados en el exterior y sus familias, y la política pública de constante vulneración de sus derechos humanos”.

La acción de protección se presentó contra la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los ministerios de Gobierno, Salud y de Relaciones Exteriores, el Servicio Nacional de Riesgos y la Procuraduría General del Estado.

La Defensoría del Pueblo con su acción de garantía constitucional reclama por las disposiciones tomadas en supuesto detrimento de los derechos de los ecuatorianos varados en el extranjero, no solamente en la limitación de su movilidad, sino también la asistencia consular y la asistencia de salud.

En un comunicado la institución demandante afirma que la Cancillería de Ecuador no estableció una política adecuada y clara de información y traslados desde el exterior al país. «Además, toda la gestión, asistencia y protección ha pasado a las y los compatriotas varados en el exterior, por lo que hemos impugnado dicha política pública y exigimos que se garantice el respeto de los derechos humanos que les asiste”, enfatizó Burbano.

La audiencia del próximo viernes 15 de mayo se realizará en la misma Unidad Judicial de Tránsito, ubicada al norte de Quito. (I)