La tarde de este viernes, la presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, dio a conocer de la resolución a la que llegó el Pleno de la institución en sesión ordinaria.

El sumario administrativo que se le inicia a Ordeñana, como ponente de un Tribunal y a los dos restantes jueces, tiene que ver con un supuesto retardo dentro de una causa constitucional de aproximadamente de siete meses para notificar la sentencia escrita.

Mientras que la investigación está relacionada con la audiencia en la que el juez Ordeñana otorgó la medida de presentación periódica, prohibición de salida del país y uso del dispositivo de rastreo al prefecto Morales, a quien se le inició, junto a siete personas más, una instrucción fiscal por el delito de tráfico de influencias, pese a que la Fiscalía solicitó orden de prisión preventiva.

Este último hecho generó una protesta pública de la fiscal general Diana Salazar, quien señaló que se debe tener conciencia de que el sistema de justicia es un engranaje en el cual la Fiscalía dirige la investigación, la Policía ejecuta las órdenes que da la Fiscalía, pero que son los jueces quienes deciden.

«Tenemos un mensaje clarísimo: la lucha contra la corrupción no está siendo firme por todo este engranaje. (…) El sistema de justicia representado por los jueces están dando un mensaje a la ciudadanía de que aquellos casos de corrupción, no importa cuánto sea el perjuicio, tienen la posibilidad de que sigan realizándolo; mientras que en aquellos casos de delitos menores, por ejemplo, cuando se roban o se sustraen un celular (…) ahí si reciben medidas relacionadas con la prisión preventiva», dijo Salazar.

Para Maldonado, estas son acciones claras que demuestran que el CJ está comprometida, en el respeto del marco constitucional y legal, con la lucha efectiva en contra de la corrupción. También explicó que establecerán las acciones que correspondan con la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para que en su calidad de máximo órgano de administración de justicia ordinaria del país ejecute sus facultades de supervisión, de corrección que pertenecen a los jueces superiores.

«Aquí no estamos sujetos a ningún vaivén político, estamos sujetos a lo que nos manda la Constitución y la Ley. (…) Lo seguiremos haciendo porque nuestro compromiso no es con la coyuntura, nuestro compromiso es con la institución y la ciudadanía», sentenció Maldonado.

Fiscal alerta de probable fuga de prefecto Morales

Horas antes de esta rueda de prensa, Salazar insistió en que la necesidad de solicitar la prisión preventiva tiene que ver incluso con estándares internacionales que corresponden al riesgo de fuga y al riesgo de que se pueda interferir en la investigación. Según ella, esos dos parámetros habrían sido expuestos claramente por la fiscal provincial del Guayas durante la audiencia del prefecto Morales.

«Resulta que en el caso del prefecto (Carlos Luis Morales) el riesgo de fuga está justificado, porque además sus familiares directos: su esposa e hijastros, ya están prófugos. El señor Morales no fue detenido en su casa, los teléfonos los dejó en la prefectura justamente para evadir la justicia. El pretendía huir. Adicionalmente el riesgo de que se pueda evadir la acción de la justicia por los elementos que se debe recabar se da, porque el es una autoridad, es la principal del Gobierno Provincial», reflexionó la fiscal general. (I)