El hecho se registró en abril de 2019, en el norte de Guayaquil. La supuesta novia de la víctima fue capturada en Venezuela, en octubre pasado.

Punto Noticias.- Tras acoger el dictamen acusatorio de la Fiscalía, el juez de Garantías Penales, Oswaldo Sierra, dictó auto de llamamiento a juicio contra Ariana del Carmen G. L., Jhonangel de Jesús G. M. y María de Lourdes A. R., en el grado de autores directos, por el delito de robo con resultado de muerte del funcionario judicial Jorge F. L.

La víctima, que se desempeñaba como secretario relator y trabajaba en la Corte Provincial de Justicia del Guayas, fue hallada en su habitación, atada de pies y manos, en estado de putrefacción y con una cinta de embalaje en la cabeza, según la denuncia presentada en la Fiscalía de Flagrancia por uno de sus familiares que encontró su cadáver, luego de enterarse de que no se había presentado a laborar.

El hallazgo se produjo el martes 16 de abril de 2019, al interior del domicilio del servidor judicial, ubicado en una de las urbanizaciones de la vía a Daule, en el norte de Guayaquil.

Desde esa época, las investigaciones se direccionaron contra las tres personas y en octubre de ese mismo año Ariana del Carmen G., la supuesta novia de la víctima, fue detenida en Caracas, Venezuela.

En la audiencia preparatoria de juicio del martes 7 de julio, la fiscal Cecilia Rodríguez Arboleda presentó como elementos de convicción: la denuncia, las actas de levantamiento de cadáver y de autopsia, los informes investigativo y de extracción de información, de audio, video y texto practicado a los celulares de los procesados y a las cámaras de seguridad de la urbanización.

Los ahora procesados, una vez cometido el delito, huyeron del domicilio de la víctima, llevándose dinero en efectivo, tarjetas de crédito, joyas, enseres de valor y hasta el vehículo del fallecido.

Las autoridades judiciales de Venezuela tienen conocimiento de la situación legal de los procesados, ya que se encuentran con órdenes de detención vigentes y solicitud de difusión roja por parte de la Policía Internacional (Interpol), pedida por el Ecuador.

Según el artículo 189, inciso sexto, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) si a consecuencia del robo se ocasiona la muerte, la pena privativa de libertad será de veintidós a veintiséis años.

Fuente: Fiscalía, redes sociales