El funcionario señala que no le importan las amenazas de juicio político en su contra y que cumplirá su función de rescatar los recursos, a través de los casos que son parte del fuero de la CNJ.

Punto Noticias.- Una vez que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) emitió una resolución aclaratoria por la que la ejecución de la sentencia del caso Sobornos 2012 – 2016 vuelve a su trámite original en la Sala de lo Penal, el procurador general del Estado, Íñigo Salvador, fue notificado y advirtió que a pesar de ser amenazado con un juicio político continuará con el proceso de recuperación de activos.

El anuncio lo hizo en su visita a Cuenca y explicó que fue notificado antes de ayer y que eso lo motiva a seguir con la recuperación de activos de todos los casos que tienen fuero de Corte, particularmente, en el caso Sobornos.

“No crea nadie que porque estoy amenazado con juicio político por aquella bancada de la que provienen justamente los condenados en el caso Sobornos. No crea nadie que yo voy a dejar de ejercer mi función de recuperar los dineros del Estado. Con los delincuentes no se tiene ninguna conmiseración”, dijo.

El funcionario insistió en que recuperará los recursos, a pesar de que se enfrenta a un juicio político.

🔴 #Atención l @CorteNacional emitió resolución aclaratoria por la que ejecución de sentencia del #CasoSobornos vuelve a trámite original. Procurador Íñigo Salvador: 🗣️ «Vamos a continuar con proceso de recuperación de activos de todos los casos, particularmente, Caso Sobornos». pic.twitter.com/rZW6nfgSZu

— Radio Pichincha (@radio_pichincha) November 9, 2021

En junio de este año, la Procuraduría solicitó el embargo ante el incumplimiento de la reparación integral al Estado por parte de los sentenciados de cohecho en el caso Sobornos.

Esto se dio ya que, en mayo, el Tribunal de Ejecución dictó el mandamiento de ejecución en esta causa y concedió a los sentenciados cinco días para que pagaran la reparación, pero el plazo feneció el 27 de ese mes y solo hasta los primeros días de junio dos de los 20 sentenciados pagaron la multa impuesta.

La sentencia disponía que los sentenciados, entre ellos los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas, así como los exfuncionarios de su Gobierno y empresarios debían cancelar cada uno USD 778.224,017, pero Laura Terán en calidad de cómplice USD 368.632,43.

Fuente: Procuraduría General del Estado